22 de abril de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Las ocurrencias de Sánchez y el procés espantan a los inversores extranjeros

Sánchez y Torra en su encuentro del pasado jueves.

Sánchez y Torra en su encuentro del pasado jueves.

Una encuesta pone negro sobre blanco los reparos de los empresarios a la hora de invertir en España. Uno de cada tres considera que la situación política no es la más apropiada.

Un informe elaborado por Kreab, Consultora de Comunicación y Asuntos Públicos fundada en Suecia en 1970, y al que ha tenido acceso ESdiario, recoge la opinión de los inversores internacionales sobre distintos factores que afectan a la percepción de España como destino de inversión.

Spain as an Investment Opportunity afirma que el 54,1% de los encuestados considera que las dudas que existen sobre la evolución de la economía a nivel global son el principal motivo que podría disuadir a los inversores internacionales de invertir en España en el futuro.

Asimismo, la inestabilidad política en Cataluña es el segundo factor más citado por los encuestados para consolidar sus planes en España. Para un 43,2% la situación que vive la región es un factor disuasorio para la llegada de capital extranjero. En este sentido, para un 64,9% de los consultados, una intensificación del conflicto en Cataluña podría tener un impacto negativo en sus activos en esta comunidad autónoma.

Pese a que un 8,1% afirma que no invertiría en Cataluña en el actual contexto político, su percepción de la situación ha mejorado respecto al año pasado. En ese momento, el 55% de los consultados asegura que no tendrían en cuenta Cataluña como destino de inversión y un 10% sostiene que tampoco ejecutaría inversiones en el resto de España mientras perdurase el conflicto.

Inestabilidad política

Casi uno de cada tres de los inversores internacionales encuestados (32,4%) considera que la situación política en la España de Pedro Sánchez es pobre o muy pobre, lo que supone una visión más pesimista respecto al estudio del año pasado, cuando solo el 13,7% de los encuestados tenía esa opinión.

De hecho, el 33,8% de los encuestados señala la inestabilidad política en España como el principal riesgo de invertir en la actualidad, seguida de la regulación (19,5%) y las políticas económicas locales (19,5%). Por su parte, los riesgos sociales (2,6%) y financieros (1,3%)son preocupaciones de menor importancia para los inversores. Cabe destacar que para un 5,2%, no hay riesgos significativos que frenen la inversión.

Al ser consultados por la labor del Gobierno de Pedro Sánchez, más de la mitad (51,3%) de los encuestados la define de "pobre" (29,7%) o "muy pobre" (21,6%). Por otro lado, solo el 13,5% valora el rendimiento del Gobierno de Sánchez como "bueno" y ninguno como "muy bueno". Alrededor de un tercio (32,4%) expresa una opinión neutra.

Perspectivas económicas positivas

A pesar de la preocupación por la situación política, los inversores mantienen su optimismo respecto al futuro de la economía española. En este sentido, consideran que la evolución será "positiva" (54,1%) o "muy positiva" (10,8%), lo que permite a más de dos tercios (67,6%) de los encuestados asegurar que aumentarán su volumen de inversión en el país con respecto al año pasado. Además, un 24,3% prevé mantenerlo al mismo nivel.

Prueba de la confianza del inversor extranjero en la economía española es que alrededor de nueve de cada diez inversores (91,9%) recomendaría España como destino de inversión y solo el 2,7% no lo haría. El 5,4% restante no tiene o no expresa una opinión en este sentido.

Estos resultados son muy similares a los obtenidos el año pasado, cuando el 93,1% de los inversores encuestados recomendó España como destino de inversión.

Según el informe mencionado, los sectores económicos que presentan mejores perspectivas para la inversión en España son, en opinión de los encuestados, los siguientes por este orden: salud, industria, turismo, bienes de consumo, inmobiliario y servicios financieros.

Para estimular la inversión, las firmas extranjeras participantes en el estudio apuntan a la puesta en marcha de incentivos fiscales (34,1% de las respuestas), seguida de simplificación burocrática (33%) y un incremento de la seguridad jurídica (17,6%).

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