27 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La realidad arrasa la campaña de Iglesias: una "paga" que no le llega a nadie

Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias.

El vicepresidente segundo del Gobierno sacó pecho antes del verano por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Pero la realidad ha demostrado que era mera propaganda.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se convirtió, desde el arranque del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, en una de las obsesiones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Esta medida es cuestionada por algunos sectores que consideran que no aporta nada a la economía productiva y que, por el contrario, cronifica la situación de vulnerabilidad de las familias beneficiarias, cuando no constituye un intento de generar una red de clientelismo electoral.

Pese a que el IMV -aprobado por mayoría absoluta en el Congreso- fue un hijo común de Iglesias y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, el líder de Podemos quiso patrimonializarla políticamente desde el principio.

 

En este sentido, destaca un tuit del pasado 1 de junio, en el que el número tres del Gobierno saca pecho sobre la renta mínima asegurando que con ella, "cientos de miles de hogares" podrán llenar la nevera "cubrir sus necesidades más elementales es un gran paso para nuestro país".

Nada más lejos de la realidad. Los datos oficiales desmienten por completo a los bombos y a los platillos de Pablo iglesias. De las aproximadamente 600.000 solicitudes presentadas para el Ingreso Mínimo desde mitad de junio hasta el 7 de agosto, el Gobierno ha resuelto sólo 3.966. 

Es decir, no llega ni al 1% los que pueden "llenar la nevera" gracias a una medida cuya necesidad se hizo más acuciante durante el confinamiento derivado del estado de alarma contra el coronavirus, que frenó en seco la economía española como no se recuerda desde la Guerra Civil.

 

"El caos es terrible"

La burocracia sería la responsable de este "desastre" según los funcionarios encargados de tramitar las peticiones de ayuda. Y la cosa puede ir a peor, según señala el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez: "El caos es tan terrible que pueden tardar meses y años en resolver las solicitudes".

Ramírez señala que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que la mitad de las solicitudes van a ser denegadas. A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.

Ramírez apunta también la posibilidad de que haya pagos indebidos ya que, aunque el ingreso mínimo es compatible con otras rentas mínimas de las autonomías, no ocurre lo mismo al revés. En la misma línea, califica de "inmisericorde" el procedimiento para solicita el IVM en especial para las familias más vulnerables que no siempre tienen capacidad para acceder a la vía telemática.

 

Por ello, plantea simplificar los trámites de manera que, en lugar de incrementar los efectivos se establezca una "cuasi prescripción facultativa" con el requisitos que el propio ministerio puede ver: declaraciones de la renta, catastro, ayudas públicas y empadronamiento. "Serían requisitos suficientes para hacerlo telemáticamente y lo pueden hacer las máquinas", ha asegurado.

 

Comenta esta noticia