25 de marzo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El Tribunal de Derechos Humanos destroza la propaganda victimista del procés

La Justicia europea enfila a los cómplices del procés y reconoce la legalidad de multas abultadas a todos los que ayudaron a organizar el referéndum ilegal hace un año.

No toda la Justicia europea es como la belga, aliada del independentismo con sus resoluciones invasivas de la Justicia española. El último ejemplo de la derrota europea de Puigdemont, Torra y demás impulsores del procés ha llegado este mismo jueves, y desde una instancia judicial de la máxima autoridad real y simbólica.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) defiende la respuesta dada por el Tribunal Constitucional (TC) español al incumplimiento de sus resoluciones por parte de los participantes en el 1-0 en una sentencia en la que rechaza por "manifiestamente infundado" el recurso de una integrante de la sindicatura del 'procés' separatista en Cataluña, un órgano que no llegó a funcionar y que se planeó para hacer las veces de Junta Electoral en el referéndum ilegal del 1-0.

 

La recurrente es Montserrat Aumatell i Arnau, una abogada que fue designada por la Generalitat de Cataluña como vocal en la sindicatura electoral de la demarcación de Tarragona de cara al referéndum. Pero más allá de que el fallo atienda técnicamente a una demanda personal, lo que destroza es toda la estrategia propagandística del soberanismo, que pretende hacer pasar por mártires de la democracia a quienes, conculcando las leyes, participaron en un montaje ilegal.

Cabe recordar que cuando en marzo el TEDH avaló la quema de fotografías del Rey Felipe por estar amparada por el derecho a la libertad de expresión, Carles Puigdemont lo celebró así: "Paso a paso, denuncia a denuncia, caerán todos los muros y todos los silencios impuestos".  

La recurrente derrotada, ligada íntimamente a la Generalitat, pretendía ser indemnizada y que se declararan vulnerados sus derechos fundamentales por el hecho de que el TC le advirtiera que podría enfrentarse a una multa diaria en el caso de incumplir las suspensiones acordadas y realizar esta función. Lejos de atender a su petición, el TEDH le responde que no hubo errores en este procedimiento porque era consciente de que su participación podría derivar en sanción.

Varapalo

En su resolución, los magistrados del tribunal de Estrasburgo fallan en contra de esta petición y argumentan las decisiones del Tribunal Constitucional relativas a la suspensión del referéndum deben darse por notificadas a las personas a las que afecte por su participación en este proceso. Por ello, entienden que la abogada fue consciente de que su conducta podría derivar en multa e incluso en sanción penal.

 

Los CDR, en el aniversario del 1-O este lunes

 

El Constitucional tiene todo el poder

Estrasburgo incide que el Tribunal Constitucional estaba facultado para exigir explicaciones de las instituciones, autoridades, funcionarios públicos o personas afectadas por sus resoluciones y para advertir que, si continuara el incumplimiento, podría tomar ciertas medidas, incluida la imposición de multas.

La Ley del Referéndum de Autodeterminación que aprobó el Parlament de Cataluña el 6 de septiembre del año pasado establecía los mecanismos para la organización y celebración de esa consulta ilegal y contemplaba la creación de una Sindicatura Electoral Central y una serie de sindicaturas territoriales.

El TC, poderoso

Esta ley fue suspendida al día siguiente de su aprobación por el Tribunal Constitucional, pero el 8 de septiembre, ignorando esta orden, la Sindicatura nombró a los miembros de las juntas electorales previstas, entre ellas la de Tarragona, donde fue nombrada vocal la demandante.

Mediante una orden de 13 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional recordó a los miembros de la Sindicatura, que la ley había sido suspendida y, como persistía el incumplimiento, el 20 de septiembre impuso multas diarias de 6.000 euros a todos los integrantes de las delegaciones territoriales, que fueron progresivamente renunciando, como hizo Aumatell i Arnau cuando el día 22 se publicó la resolución en el Boletín Oficial. 

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