El juzgado 'absuelve' al jefe de política local de Ciudadanos en la Comunitat

La sentencia incoa procedimiento contra el ex alcalde Medina y el ex concejal de PEMSA, Gallego, y desvincula al resto de ediles del PP en 2013 por no conocer la venta de unas parcelas



El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada ha acordado incoar procedimiento contra Juan José Medina, ex alcalde de Moncada y ex presidente de la mercantil Promoción Económica de Moncada S.A. (PEMSA) ; contra Miguel Gallego, ex vicepresidente de la empresa pública, y contra el que fuera gerente en 2010, José Ignacio Orero. En cambio, resuelve sobreseer las actuaciones respecto al resto de concejales del Partido Popular en aquella época, entre ellos Jesús Gimeno, secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, actual edil del citado municipio de l'Horta y diputado provincial de esta formación en la Diputación de Valencia.

La sentencia explica que "en 2010, PEMSA era propietaria de diversas parcelas en el municipio de Moncada y acordó realizar gestiones para la venta de las mismas. La citada sociedad tenía como único socio el Ayuntamiento de Moncada y la venta de los referidos terrenos tenía como finalidad desarrollar un polígono industrial en dicha ciudad, en el marco de diversas operaciones de reparcelación urbanística".

La  resolución continúa relatando que "PEMSA formalizó contratos de compraventa de seis de sus parcelas". No obstante, posteriormente, en diciembre de 2013, "el Ayuntamiento de Moncada aprobó autorizar a PEMSA para que formalizara un préstamo hipotecario con Bankia por importe de 1.865.000 euros, a los efectos de solventar los problemas económicos por los que atravesaba la mercantil municipal, para lo cual se ofrecía como garantía las referidas seis parcelas que habían sido previamente vendidas".

El tribunal apunta que "los hechos punibles podrían suponer indiciariamente un delito de estafa, al haberse procedido a enajenar las parcelas por parte de PEMSA y al haber gravado posteriormente las mismas con una hipoteca, cuando ya no se tenía poder de disposición sobre ellas". Sí que matiza que por parte del gerente "se ha alegado que no se produjo una compraventa de las fincas, sino únicamente un compromiso de venta". No obstante, el Juzgado señala que "dicha apreciación no puede compartirse, pues los propios contratos están encabezados con el término ´contrato de compraventa´y en los mismos se expresa claramente la voluntad de vender por parte de PEMSA".

La resolución considera responsables al alcalde de Moncada por aquel entonces, que también presidía el Consejo de Administración, del que afirma que "se responsabilidad estaría fundamentada en que conoció la venta de las  parcelas y, a pesar de ellos, votó en el pleno municipal a favor de autorizar la hipoteca de las mismas". Por el mismo motivo también incoa expediente contra el que fuera concejal entonces y que el pasado mes de mayo encabezó la candidatura del PP, Miguel Gallego,  ya que estaba presente, como vicepresidente de PEMSA, en la reunión del Consejo de Administración en la que "Juan José Medina habría informado de la venta de las fincas".

En cambio, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre el resto de concejales de aquel mandato, ya que "aunque votaron a favor de autorizar la constitución de la hipoteca sobre las parcelas, no consta ningún indicio que pueda llevar a la conclusión de que conocían la venta de las fincas. El propio gerente declaró que despachaba los asuntos con Medina y con Gallego, pero que no informaba a otros miembros de la corporación municipal".

Entre esos concejales se encontraba Jesús Gimeno, que posteriormente se marchó a Ciudadanos y encabezó su candidatura en 2015 y 2019. En la actualidad, además, es diputado provincial en la Diputación de Valencia. El hecho de ser investigado por la causa ahora sobreseída había provocado críticas internas en su partido y había llegado a poner en entredicho sus opciones a los cargos que ocupa.

El Juzgado dispone, en su resolución, que no es firme y contra la que cabe recurso, dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas para que, en el término de diez días, soliciten la apertura del juicio oral. 

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