22 de agosto de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

¿Qué hace Puigdemont en TV3?

TV3 desfía y humilla al Estado de Derecho, a la democracia y a los ciudadanos haciendo de ilegal altavoz de posibles delincuentes. Con o sin 155, eso no se puede hacer y no se debe tolerar.

 

 

El canal informativo de TV3 emitió en directo un nuevo mitin de Puigdemont, en las mismas condiciones de fecha, horario y formato reservadas tradicionalmente para el presidente de la Generalitat. Es decir, la televisión pública catalana, financiada por el conjunto de los ciudadanos, se prestó a ser altavoz de un prófugo de la justicia española que no es president del Govern ya y, además, no ha ganado las Elecciones del 21D.

Es una burla, pero también un desafío y una humillación, que prolonga la condición de los medios públicos catalanes como altavoces de ilegalidades y mentiras y plataformas de un procés golpista que desprecia los parámetros más elementales de la democracia, la ley, el sentido común y la convivencia.

Censurar al Rey y emitir los desvaríos de un prófugo exige una respuesta legal y política urgente

Con o sin 155, una televisión pública no puede erigirse en aliado de una formación política, y en ese sentido apelar en exclusiva al traumático artículo constitucional que intervino casi todas las áreas institucionales de la Generalitat como forma de adecentar la labor de TV3 es un error, pues viene a reconocer que cuando se recupere la normalidad institucional en Cataluña su televisión tendría derecho a volver a ser -o a seguir siendo- un trampolín del secesionismo.

Caro y tóxico altavoz

Y no lo tiene. El funcionamiento de los entes públicos está regulado por leyes que garantizan, sobre el papel, su labor de servicio público, su independencia de cualquier partido o ideología y su sometimiento a una función imparcial que atienda a las necesidades del conjunto de los ciudadanos con independencia de su color político. Tv3 lleva años saltándose la ley, a un precio desmedido para el erario que sobrepasa proporcionalmente, siendo autonómica, al coste de grandes corporaciones audiovisuales nacionales como Atresmedia o Mediaset.

 

 

Con o sin 155 no se puede hacer lo que hace TV3. Es un desafío y una humillación que no debe quedar impune

 

Que Puigdemont sea, además de un posible delincuente, una caricatura de sí mismo capaz de mantener que sigue siendo el president, que su inexistente legitimidad está por encima de leyes y urnas y que sus alocados objetivos separatistas están vigentes es un cosa, de la que cabe esperar que los tribunales tomen nota.

La TV y la educación

Pero que una televisión pública se preste a darle pábulo y difusión, engañando a la audiencia de forma premeditada para sostener un discurso frentista, es otra distinta y más escandalosa que exige una respuesta legal y política sin ambages. Porque el separatismo ha tenido en las instituciones sus lamentables impulsoras, sí; pero han sido la educación y la televisión públicas quienes lo han armado y potenciado de manera indecorosa. 

Es impresentable que el primer canal de la Corporación catalana censurara la emisión del discurso del Rey en Nochebuena y que ahora amplifique el de un acusado de graves delitos que se ha escapado a Bruselas y no ostenta presidencia alguna. Ya está bien.

Las autoridades españolas, los jueces y los partidos políticos no deben ya limitarse a denunciar retóricamente las extravagancias y excesos del conglomerado mediático del soberanismo, dirigido por un talibán del procés llamado Vicente Sanchís que hasta defiende espacios de intoxicación nacionalista para los niños. Tienen que ir más lejos, con la ley y la razón en la mano. Y tienen que ir ya.

 

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