El principal acusado del fraude Zed niega maniobras del presidente de "La Razón"

Después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional pusieran en marcha a finales de junio una operación contra el grupo tecnológico español Zed Worldwide por la presunta comisión de numerosas irregularidades, este jueves declaró ante el juez Manuel García Castellón el fundador y máximo accionista del grupo, Javier Pérez Dolset.

Dolset no sólo negó tener conocimiento de que se cometieran irregularidades por parte de la empresa tecnológica para conseguir subvenciones públicas millonarias de forma fraudulenta sino que desmintió que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, intercediera para la comisión de las presuntas irregularidades que se investigan.

Dolset dijo, no obstante, que sufrió presiones por parte de Casals, que también está siendo investigado en la causa aunque La Razón ya aclaró que no tiene nada que ver con el fraude.

Según fuentes fiscales, Dolset, que declaró durante poco más de una hora ante el juez que investiga la quiebra de la sociedad, dijo que es falso que se aprovechara de un círculo de influencias o que se valiera de proyectos ficticios para conseguir ayudas públicas por valor de cerca de 70 millones de euros entre 2011 y 2016.

Pérez Dolset, en prisión incondicional desde el pasado 30 de junio, añadió que no tiene dinero en ninguna sociedad panameña pese a que Anticorrupción apunta que el empresario dispone de fondos por valor de 101 millones de dólares. Los fiscales se basan en un documento aportado a la causa por el consejero general del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta, sobre la constitución de la sociedad Panareal a la que presuntamente se habrían desviado los fondos destinados al Grupo Zed.

La operación, conocida como Hanta, fue dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los ocho detenidos se negaron a declarar ante el magistrado, que decretó prisión sin fianza para el acusado y dejó en libertad con medidas cautelares a los otros siete.