Sanguino quiere que el contrato de limpieza de centros se debata en un pleno

Paco Sanguino, portavoz del PSOE.

Paco Sanguino, portavoz del PSOE.

El portavoz del Grupo Socialista Municipal, Paco Sanguino recuerda que corresponde a la oposición la fiscalización de la gestión del equipo de gobierno por lo que la Junta no debe aprobar un pliego de la importancia del que nos ocupa sin haber habido un debate con el resto de partidos que componen la Corporación municipal, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del presente caso, ya que en estos momento existe una comisión de investigación creada por los incumplimientos del actual pliego por la empresa adjudicataria y que señalan a los actuales responsables políticos como principales causantes de la falta de control del mismo.

Para Sanguino es necesario que en un pleno extraordinario se debata esta contrata millonaria que desde el punto de vista del PSOE premia a las empresas por encima de los intereses de la ciudadanía. Además, el portavoz muestra serias dudas, teniendo en cuenta cómo gobierna el señor Barcala, que este pliego no se vaya muy por encima de los 50 millones.

“Es necesario un debate plenario porque si como nos tememos, el contrato se va a disparar probablemente a más de 50 millones, y se debe iniciarse el debate sobre otras formas de gestión del servicio. No digo que se municipalice, solo que se estudie y debata cuál es la mejor solución para esta ciudad teniendo en cuenta el montante millonario de este contrato”, asegura Sanguino.

El PSOE afirma que si a todo esto unimos que este contrato no se ha dividido por lotes, tal y como recomienda la Ley de Contratación, nos encontramos con un 'privilegio' que se da a la empresa que se haga con el servicio. “Los socialistas consideramos que podían haberse realizado dos lotes bien definidos: uno correspondiente a la limpieza de centros cuya titularidad corresponde a la Conselleria de Educación, y otro, a la limpieza de dependencias municipales que es de titularidad del Ayuntamiento. ¿Por qué no se ha hecho si cabía esta posibilidad? Eso lo debería contestar el alcalde”.

En el pliego se habla también de la optimización de recursos y de ser un contrato social porque el 70% del presupuesto se destina a pagar los sueldos del personal. “No es eso lo quiere Barcala. Lo que se quiere es que los trabajadores se empleen en función no de las necesidades de los alicantinos, sino de los intereses de la empresa. Haber hecho dos lotes diferenciando los servicios hubiera supuesto una sustancial mejora en las condiciones laborales de los empleados con una mayor especialización (la proximidad del trabajador en tiempos del Covid-19 es fundamental ya que si se da un brote en una determinada dependencia es más fácil su control ya que el empleado no está rotando) y la posibilidad de que empresas locales pequeñas pudieran haber aspirado a hacerse con alguno de esos lotes. No hay una razón social”, matiza Sanguino.

El Grupo Municipal Socialista indica que en este pliego solo se mira por el interés de la empresa, que busca el máximo rendimiento económico. El sector público debe mirar tanto por el trabajador como por el buen funcionamiento del servicio de cara a la ciudadanía. Una empresa siempre va a querer un plus de rentabilidad económica, cuestión que en ningún caso busca la Administración pública.

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