La consellera Cebrián echa la culpa a la diputación en las Cortes

La variante de Pedralba, una obra de infraestructura menor desde el punto de vista presupuestario pero urgente y necesaria para garantizar la seguridad en el centro de la población, está provocando un verdadero quebradero de cabeza en el Gobierno del Botànic con visos de acabar en los tribunales.

La polémica carretera, aprobada por el gobierno valenciano y a los pocos días paralizada por el propio Consell en una muestra de absoluta descordinación, está enfrentado a los partidos que conforman el tripartito y también a la conselleria de Agricultura  con la Diputación de Valencia, ambas instituciones gobernadas por el PSPV-PSOE.

Una situación paradójica ya que los socialistas estaban a favor del proyecto como estaba diseñado. Fue el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Alvaro, quien obligó a la rectificación del Consell pese a que contaba con todos los informes aprobados, en algún caso por duplicado. Álvaro alegó que el trazado afecta, aunque de forma mínima, al Parque Natural del Turia. La carretera, que debe liberar el tráfico de camiones del centro del municipio, esta diseñada, presupuestada y adjudicada por la Diputación. 

La consellera Elena Cebrián, arrastrada en el conflicto por su número dos, Julià Alvaro, acaba de dejar en muy mal lugar a los técnicos de la diputación y al propio presidente el también socialista, Jorge Rodríguez.  Cebrián dijo, en comparecencia en el pleno Cortes, que su departamento sí había o estaba cumpliendo el acuerdo para desbloquear la variante sur de Pedralba aprobado en una resolución en febrero el parlamento autonómico con los votos a favor del PSPV y PP, y en contra de Compromís y Podemos.

Las manifestaciones de la consellera han soliviantado a la diputación. El departamento de Carreteras alega que sigue esperando el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales para concluir una nueva propuesta de trazado. Al tiempo recuerda Agricultura creó la polémica e hizo hacer el ridículo al Consell.

El conflicto tiene una derivada administrativa legal de calado. La diputación mantiene paralizada la carretera por el principio de prudencia administrativa pero entiende que para suspender la ejecución definitivamente debe existir un escrito firmado por la Conselleria de Medio Ambiente. Hasta los servicios jurídicos de la Generalitat han tenido que emitir un informe ¿Por qué nadie quiere firmar el documento? Parece claro que esta "prueba" puede ser determinante para conocer el responsable en el caso de que el proceso acabe en los tribunales.

A día de hoy, en cualquier caso, los terrenos están expropiados, y aunque van a ser revertidos, sus propietarios no pueden hacer uso. O lo que es lo mismo, no han cobrado ni van a cobrar y tampoco pueden utilizarlos. Esto supone un perjuicio económico claro y una situación de indefensión. Por ello, los cerca de cien afectados ya han avanzado acciones legales. De hecho han presentado un documento previo en la institución provincial La diputación, que insiste en que la responsabilidad recae en el Consell, ha recurrido al silencio administrativo. 

Por otra parte, el adjudicatorio de la obra podría reclamar el lucro cesante por los beneficios que dejó de obtener en el caso de que se paralizase definitivamente la variante. La cantidad superaría alos 300.000 euros. Rodríguez ya avanzó, que de ser así la diputación, denunciaría a la Generalitat.

La variante de Pedralba fue la causante de un mal trago para Mónica Oltra en un conferencia con decenas de medios de comunicación y empresarios en Madrid. Tuvo que dar la razón al alcalde, Roberto Serigó, en su reivindicación y denuncia.

Los tribunales van a tener que pronunciarse. De nuevo, un conflicto que no se solventa por la  disputas internas de los políticos, en este caso, del propio gobierno. Los camiones siguen y seguirán transitando por el embudo que es la calle de la Acequia con el consiguiente peligro para los vecinos y las viviendas. Pedralba tendrá que esperar otra legislatura.