La consellera desafía al Colegio de Médicos: “Estamos estudiando recurrir

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha confirmado esta mañana a ESdiario que la abogacía de la Generalitat Valenciana “está estudiando la sentencia para determinar si recurrirá o no”. Se trata de un duro varapalo para la conselleria de Sanidad, en aquel momento dirigida por Ana Barceló -actual portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts-.  

El Magistrado ha condenado a la Generalitat por “vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los médicos que trabajaban en la sanidad privada de la provincia de Alicante”, fijando una indemnización de 10.000 euros por daños morales y con condena en costas de 1.500 euros a pagar por la Generalitat Valenciana. 

Gabriela Bravo ha mostrado su “absoluto respeto a la resolución judicial”, aunque a preguntas de este diario ha reconocido que “en este momento la abogacía de la Generalitat está estudiando la sentencia para determinar si recurrirá o no”. 

Bravo ha dejado claro que si los abogados de la Generalitat ven posibilidades de recurrir lo harán, como ya hicieron en este recurso que ahora ha sido desestimado por el juez. El Magistrado considera en su fallo que “no se puede admitir la excepción de pérdida sobrevenida del objeto del recurso porque hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados con relación a la prioridad de las vacunaciones que se efectuaban a los sanitarios de centros públicos, retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riegos, lo que evidentemente les perjudicaba”.  

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Riesgos para la vida del personal sanitario 

En su escrito, el juez advierte de que hubo “riesgos para la vida y la salud de ese personal sanitario ‘de primera línea’ con exposición al contagio por el virus”, y ha matizado que esos riesgos eran iguales tanto para los médicos de centros públicos como para los de centros privados, “no entendiéndose de ninguna forma posible que a unos se les proporcionase la vacuna antes y a otros más tarde”, añade. 

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En la sentencia queda demostrado que “ese trato desigual y con riesgo para la vida y la salud demuestra una inactividad administrativa con vulneración de derechos fundamentales que permite la realización de esa declaración judicial de conculcación de garantías constitucionales con las consecuencias indemnizatorias inherentes a la infracción de derechos de ese rango o categoría.” 

 El magistrado reprocha a la Conselleria de Sanidad que “a pesar de disponer de medios hubo un déficit de atención en la prestación de la vacunación a los sanitarios de la medicina privada en relación con los de la pública, y esta diferencia de atención resulta discriminatoria”.