El Consell de Puig replica a García-Page: “el acuerdo asegura el Trasvase"

El secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, ha expresado el estupor y sorpresa de la Generalitat ante las últimas manifestaciones de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en las que afirma, entre otras cosas, que confía en que el Gobierno no apruebe algo diferente a lo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua sobre el trasvase Tajo-Segura el pasado 29 de noviembre. 

“Efectivamente -afirmó Llanes- nosotros esperamos lo mismo, porque lo que se aprobó en el proyecto de Real Decreto por parte del Consejo Nacional del Agua incluye un punto que es esencial para nosotros en la medida en que garantiza la continuidad del trasvase Tajo-Segura”. 

En concreto, Llanes alude así a la disposición adicional novena sobre los criterios para fijar los caudales ecológicos en la que indica textualmente: “Si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026”. 

Fue, precisamente, la inclusión de la misma en el proyecto de Real Decreto sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua durante la reunión del pasado 29 de noviembre la causa que motivó el voto favorable de los representantes de la Generalitat en dicho órgano. 

“Por tanto -agrega- eso es lo que fue aprobada por el Consejo, lo que salió de allí con su aval y lo que esperamos que no se produzca ningún cambio al respecto”. 

Respecto a las palabras de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha tildando de “franquistas”, los trasvases Llanes asegura que el agua “es un bien que forma parte del dominio público” y que los trasvases “no son una herencia franquista sino infraestructuras que se proyectaron durante la II República de la mano de Indalecio Prieto”. 

También sale al paso Llanes sobre las referencias de Blanca Fernández a las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos. “Esos argumentos -subraya Llanes- ya han sido desmontados de forma contundente por un informe de la Directora General de la Abogacía de la Generalitat en el que se sostiene que el alto tribunal sólo indica que hay que fijar unos caudales ecológicos pero sin entrar a valorar los criterios que deben emplearse a la hora de hacerlo”.