| 16 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
Ortiz, Castedo y Alperi a su llegada a la Audiencia Provincial de Alicante / FOTO: O. Avellán
Ortiz, Castedo y Alperi a su llegada a la Audiencia Provincial de Alicante / FOTO: O. Avellán

Castedo, Alperi y Ortiz, el juicio por el PGOU queda visto para sentencia

Las defensas de los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi sostienen que no se han acreditado las acusaciones. El fiscal pide para ellos 10 años de prisión y 8 años para Enrique Ortiz

| A. Maestre Edición Alicante

El abogado de Sonia Castedo, Ignacio Gally, ha alegado en la exposición de sus conclusiones que “no se ha practicado ninguna sola prueba que acredite los presuntos delitos que se atribuyen” a la ex alcaldesa -revelación de información privilegiada, tráfico de influencia y cohecho, según ha citado- y, por ello, ha incidido en que se debe dictar una sentencia absolutoria. También ha considerado "nulas" e "ilícitas" las escuchas telefónicas interceptadas por los investigadores y, a este respecto, ha afirmado que "la Policía no recibió la orden" de interpretarlas, sino solamente de grabarlas, por lo que ha pedido al tribunal que las oiga objetivamente por su contenido.

"Apaño"

Gally considera que esa "interpretación" de la Policía de las referidas escuchas fue, además, adaptada por la acusación, de la que ha dicho que basa principalmente sus imputaciones en dichas grabaciones. Además, ha destacado que el auto de sobreseimiento del caso del plan urbanístico Rabasa prácticamente ha enjuiciado el relativo al supuesto amaño del PGOU de Alicante -supone una "resolución guía", ha comentado-, ya que, ha aducido, los hechos encajan temporalmente, las investigaciones las hicieron los mismos policías y los delitos de los que se acusa "coinciden".

El defensor de Castedo ha expuesto, sobre el viaje de ella a Ibiza en el yate propiedad de Ortiz, que se enmarca en "un evento familiar", dado que se llevó a cabo en un periodo vacacional al existir una relación de amistad entre las familias de ambos. Ha opinado que ese viaje puede ser reprochable desde el punto de vista estético o político, pero ha asegurado que no hubo cohecho porque no le supuso a Ortiz un sobrecoste, pues cada familia pagó a escote y la invitación a realizar ese desplazamiento no se hizo en atención al cargo que ocupaba entonces Castedo. 

También ha señalado que el término apaño atribuido a Castedo no es suficiente por sí mismo para concluir que hubo algún tipo de revelación o influencia en lo relativo al planeamiento urbanístico.

Visto para sentencia

El juicio, que se celebra en la Audiencia de Alicante, finaliza este viernes, con la exposición de las conclusiones definitivas de los abogados de Enrique Ortiz y del resto de los acusados. Junto a Castedo y Luis Díaz Alperi, también se sientan en el banquillo de los acusados el promotor Enrique Ortiz, el constructor Ramón Salvador, los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio OrtizSantiago Bernáldez y Pablo Rico.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2008 y 2010, los dos expolíticos del PP recibieron presuntamente diversas dádivas por parte de Enrique Ortiz a cambio de facilitarle información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la capital alicantina cuando esos datos todavía no eran públicos.
El fiscal pide penas de 10 años de cárcel para Díaz Alperi y Castedo como presuntos autores de los delitos de revelación de información privilegiada, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. En el caso de Ortiz, solicita una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos continuados de corrupción de autoridades, tráfico de influencias y prevaricación.