PSOE rechaza reprobar al Gobierno de Sánchez por el trasvase Tajo-Segura

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy la creación de una línea de ayudas destinada a rebajar el precio del agua procedente de las desalinizadoras. La propuesta ha sido presentada por el Grupo Socialista, que se ha negado, no obstante, a admitir una enmienda de adición de los Grupos PP y Cs en la que también se reprobaba al Gobierno de España, a su presidente Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Ribera por el recorte del trasvase Tajo-Segura y se solicitaba la anulación del Plan del Tajo por ser “nocivo” para los intereses de la provincia.

La moción socialista ha contado con el apoyo de Compromís y la abstención del equipo de Gobierno, que ha pedido, incluso, dejar el punto encima de la mesa para su estudio, ya que, tal y como ha apuntado el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Dolón, existen ‘dudas’ por parte de los técnicos de la institución sobre la competencia de la Diputación a articular este tipo de subvenciones. 

En este sentido, el también diputado de Presidencia ha señalado que las ayudas al riego como actividad económica “no son competencia directa de la Diputación y, además, la normativa europea impide este tipo de subvenciones a las actividades productivas”, por lo que ha insistido en su petición de retirar la moción y solicitar al departamento de Intervención un informe técnico que valore esta cuestión.

El diputado del Grupo Socialista Joaquín Hernández, encargado de defender la moción, ha rechazado tanto la enmienda de PP y Cs como la retirada del punto y ha defendido que “desde el PSPV-PSOE apoyamos la apuesta del Gobierno de España y del Consell de subvencionar el coste del agua desalinizada”. “La provincia de Alicante tiene que ser autosuficiente cuanto antes y las desalinizadoras vienen a dar soluciones a la Vega Baja”, ha apuntado el diputado socialista.

Por su parte, Dolón ha defendido la enmienda que PP y Ciudadanos han presentado, y que no ha sido aceptada, en la que insisten en que el agua desalada “debe ser un complemento más del trasvase pero no suplirlo por completo”. Tras detallar los efectos del recorte del Tajo-Segura -merma del 40% del agua del trasvase, abandono de 27.000 hectáreas de regadío, seis mil millones de euros en pérdidas, etc- se han propuesto, entre otros acuerdos, reprobar al Ejecutivo, al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Transición Ecológica “por haber consumado la aprobación del Decreto del Plan Hidrológico del Tajo” y exigir su anulación “por engañar a los regantes, no tener apoyo técnico y suponer un ataque directo al acceso al agua de la provincia de Alicante”.