| 27 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Durante la detención de las personas implicadas en la trama de blanqueo de capitales.
Durante la detención de las personas implicadas en la trama de blanqueo de capitales.

Dejan en libertad a los detenidos en la operación contra la mafia rusa

La juez señala la imposibilidad de mantener la prisión al haber un informe favorable de la Fiscalía, aunque les retira el pasaporte y se les prohíbe abandonar el territorio nacional

| Julio Marín Edición Alicante

Los cuatro detenidos que estaban en prisión por la Operación Testudo contra una supuesta trama de blanqueo de capitales por parte de la mafia rusa en Alicante han quedado en libertad sin fianza, según el auto dictado por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, que se encarga del caso.

La operación policial tuvo lugar el pasado mes de diciembre en varias localidades de la provincia, además de ciudades como Madrid, Ibiza o Valencia y se saldó con la detención de 23 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y algunos políticos locales.

Según el auto judicial al que ha accedido EsDiarioCV, la juez impone a los ahora liberados la obligación de comparecer “cuantas veces fueran llamados ante el juez o tribunal”, aunque no tienen que presentarse en el juzgado cada quince días. Del mismo modo se les ha retirado el pasaporte y les ha quedado prohibida cualquier salida fuera del territorio nacional.

Pese a que la titular del juzgado señala en los antecedentes de hecho que “subsisten plenamente los argumentos expresados en la resolución” que motivó su ingreso en prisión, también expone la “imposibilidad” por parte del juez de mantener la situación de prisión incondicional debido a la existencia de un informe favorable a la puesta en libertad por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Las defensas de los detenidos habían pedido con anterioridad la libertad de sus clientes e incluso la propia juez ratificó hace pocos días la permanencia en la cárcel de uno de ellos. Las defensas han explicado ahora que podrían haberse dado algunos “defectos procesales” en la investigación desde que Anticorrupción presentó una querella en el año 2015 como motivo para la puesta en libertad.

El abogado de uno de los ciudadanos rusos ya liberados, Javier Ruiz Blay, ha señalado en un comunicado que su cliente abandonó la prisión “después de un mes de injusta privación de libertad” y ha criticado que uno de los problemas de la investigación es que ésta se ha basado “más en un golpe de intuición policial que en la realidad de los hechos y las pruebas”, puesto que en los siete años que ha durado “no se ha encontrado una sola prueba contra ninguna de estas personas”.

El propio abogado ha recalcado que el poco volumen del sumario ya evidenciaba la inminente puesta en libertad de su defendido, ya que una vez levantado el secreto de sumario, éste solo contaba con diez tomos pese a tantos años de investigación y en comparación con otras causas similares. Ello, en su opinión, “refleja la escasa importancia de las pruebas”. A su juicio, también existen “graves vulneraciones de los derechos fundamentales” que propiciarán el futuro archivo de la causa y la devolución de todos los bienes incautados.

Por último, el abogado ha concluido que las cuatro personas que fueron detenidas se han sometido a “exhaustivos” controles bancarios y de la Agencia Tributaria desde hace años “sin sospecha ni sanción hasta hoy” por lo que “no se entendía que ahora se les pretendiera acusar de un delito que no han cometido”.

Conviene recordar que en el marco de la Operación Testudo contra el blanqueo de dinero fueron detenidas inicialmente 23 personas y habían sido investigados un inspector de la Policía Nacional de Alicante y dos guardias civiles de Altea. Igualmente fue detenido el exconcejal alteano del PP, Jaime Sellés, que llegó incluso a dormir en dependencias policiales, y el actual concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm, el popular Lorenzo Martínez, este último puesto en libertad sin cargos pocas horas después de prestar declaración por ser uno de los participantes en algunas de las llamadas interceptadas y grabadas por la policía.