La Diputación de Alicante retira las competencias al diputado que se vacunó

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante y coordinador provincial del partido, Javier Gutiérrez, y la vicepresidenta primera de la institución, Julia Parra, han confirmado que el Grupo Popular ha aceptado la exigencia de retirar las competencias al diputado provincial de Deportes y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, tal como ha exigido la formación naranja tras conocerse que está siendo investigado por recibir una vacuna contra la Covid-19.

El gobierno de la institución provincial está conformado por un pacto entre PP y Cs, es decir, que los dos diputados han conseguido que el presidente, Carlos Mazón (PP), retire las competencias a uno de sus compañeros de gestión.

Tres peticiones para depurar responsabilidades

Los dos diputados de Cs han presentado además por registro una moción que recoge tres peticiones. En primer lugar, se requiere al Gobierno de la Generalitat, que, en un ejercicio de transparencia, haga públicos los listados de todos aquellos cargos que han recibido la vacuna contra la COVID-19 con la finalidad de poder determinar quiénes se han saltado los protocolos de Sanidad abusando de una situación de poder.

El segundo lugar, Cs exige requerir a todos los partidos que, en pro del buen gobierno y la ética política, inicien los correspondientes expedientes de investigación a los militantes con cargo electo que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 e impulsen comisiones de investigación en las corporaciones en las que tengan representación, incluida la Diputación de Alicante. En caso de que se determinara que dichas vacunaciones se han producido abusando de sus cargos y saltándose los protocolos establecidos, Cs aboga por que se les exija que asuman sus responsabilidades.

Desde el grupo Cs, se reclama también que el pleno de la Diputación de Alicante manifieste la necesidad de que el equipo de Gobierno y todas las formaciones políticas con presencia institucional asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualquiera de sus cargos públicos que se salte el plan de vacunación o incumplan el protocolo establecido en provecho propio, o beneficiándose de su posición, perjudicando de esta manera con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.