| 08 de Enero de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Compromís: alcaldesa se hace un "casoplón" de 470m sin licencia y a escondidas

Isabel Molina, primera edil de Alcalalí (Alicante), solicitó licencia de obra menor pero realmente construyó en suelo no urbanizable. Suspende un Pleno al trascender la noticia.

| Roberto Pérez Edición Alicante

La dirigente de Compromís María Isabel Molina Vicens, alcaldesa de la localidad alicantina de Alcalalí y edil de este municipio desde hace dos décadas, comenzó a realizar, en el año 2006, la construcción  de su vivienda de manera presuntamente ilegal. 

La ahora alcaldesa del partido Compromís,  que  dirige la vicepresidenta del Consell de Mónica Oltra, siendo edil en este municipio alicantino , solicitó con posterioridad a su Consistorio una licencia de obra menor para reformar el “cuarto de baño” y “arreglos en la terraza posterior” de su vivienda unifamiliar, según documentación presentada en el Ayuntamiento. Pero la verdadera obra  realizada en la vivienda de Isabel Molina iba a ser mucho mayor de lo solicitado oficialmente. Tal como muestran los documentos que publicaba el periódico MÁSportal, la alcaldesa amplió su residencia unifamiliar más de 200 metros cuadrados. De los 270 metros cuadrados habitables pasó a los 470, en unas obras en las que incluso llegó a elevar una planta. La vivienda paso de tener de una a dos alturas.

La obra además se prolongó durante varios meses, trabajos que finalmente concluyeron en el año 2016, siendo ya alcaldesa de Alcalalí. La petición de la reforma menor en el cuarto de baño evitaba así que la obra realizada no fuese autorizada porque la vivienda está enclavada en “terreno agrícola común”. Una catalogación urbanística que prohíbe expresamente la ampliación del espacio construido habitable y, por consiguiente, la realización de una obra mayor.

                                         

 El "engaño" en el catastro

Como prueba que evidencia más todavía la irregularidad de la ampliación, según referencia catastral actual, la residencia de Molina consta de 270 metros cuadrados en vez de reflejar los 470, de los que disfruta la alcaldesa de Compromís. Un desfase que -además de otras consideraciones de carácter ético y legal- abarata considerablemente el pertinente impuesto de Bienes Inmuebles, contribución y otras tasas que se estipulan a raíz de la referencia catastral.

El portavoz del PSOE, Bernardo Ferrer, cree que "tras esta estafa, la alcaldesa no está en condiciones de representar al pueblo"

El portavoz del PSOE, Bernardo Ferrer, cree que "tras esta estafa, la alcaldesa no está en condiciones de representar al pueblo"

Del mismo modo, le estaría suponiendo un cuantioso beneficio económico porque, de haberse concedido la licencia de obra mayor como “ampliación en vivienda unifamiliar aislada en rústico” (única manera legal posible), la primera edil tendría que haber desembolsado el gravamen correspondiente que es del 3,5% del valor total de los construido, en este caso, el valor es de un total de 146.000 (730 euros por metro cuadrado), es decir 5110 euros en vez de los poco más de 50 euros abonados por la licencia que obtuvo.

 Barrera para ocultar las obras

La alcaldesa de Compromís no parecía ajena a estas presuntas ilegalidades ya que, según diversas fuentes vecinales, mientras realizaba los trabajos en su vivienda no autorizados por la ley construyó una barrera visual, a base de cipreses, para intentar de esta forma que desde el exterior pudiese observarse la verdadera dimensión de las obras. Pero los vecinos sí se percataron de esas presuntas irregularidades y elevaron un escrito de denuncia al Ayuntamiento que fue contestado por la propia interesada, la alcaldesa. 

 

 

La alcaldesa informa de no tener constancia de sus propias obras.

Por su parte, las sanciones administrativas estipuladas en este caso suponen el 50% del valor total de la ampliación, es decir 73.000 euros en concepto a esta multa. Y no estamos hablando precisamente de un Ayuntamiento, el de Alcalalí, que no haya estado especialmente vigilante con este tipo de infracciones porque –según los datos oficiales- en los últimos 12 años el consistorio ha recaudado aproximadamente 300.000 euros en multas por irregularidades urbanísticas de menor importancia y que sí se detectaron para posteriormente ser sancionadas.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalalí Bernardo Ferrer manifestó que “después de esta estafa esta mujer no está en condiciones de representar al pueblo. Tiene que dimitir inmediatamente”. Ferrer confirmó que el Ayuntamiento ha dado largas y “dificulta” la obtención de estos alegando falta de referencias o información.