Mazón anuncia un “otoño caliente” contra el Gobierno por reducción del trasvase

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha calificado de "nuevo atropello" el Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros por el que se modifican los parámetros de las reglas de explotación del Tajo-Segura. "Se trata del siguiente clavo en la mortaja del trasvase" ha sentenciado el presidente, quien ha apuntado que, con esta acción, "se consuma una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el periodo democrático".  

"Desde la sinrazón del Consejo de Ministros, que ayer ratificó la peor de nuestras expectativas, hoy alzamos la voz, nuestra acción, nuestro reproche, nuestra movilización, nuestros recursos y todas y cada una de las herramientas e instrumentos tanto jurídica, como política, social, mediática y organizativamente, de movilización y protestas", ha asegurado el dirigente alicantino, quien ha avanzado que ya se ha puesto en marcha "la maquinaria judicial, desde el asesoramiento técnico y jurídico de la Mesa Provincial del Agua, y los primeros informes están en manos de ASAJA y de los miembros de este órgano para poner interponer los recursos correspondientes".  

El presidente de la Diputación ha estado acompañado por el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y por el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu. 

Mazón insta a un cambio de gobierno “en la Generalitat y en España” para salvar el trasvase

Mazón ha recordado que la batería de alegaciones y de acciones institucionales y de los sectores productivos alicantinos se sustenta en datos científicos. "No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, que por otro lado es justa, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España". 

Por su parte, Joaquín Melgarejo ha detallado las consecuencias ambientales y económicos que provocará esta medida en los regantes y agricultores de la provincia, que pasarán a recibir de 38 a 27 hm3 en el nivel 2. 

"Se ha aprobado este Real Decreto, en contra de las recomendaciones del CEDEX, y resulta injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario, que es lo que consideramos con esta medida", ha reprochado Melgarejo, quien además ha apuntado que interfiere en el procedimiento de Planificación Hidrológica en curso y afecta al proceso participativo, "incumpliendo los procesos de transparencia y participación pública". 

Reacciones

El presidente de ASAJA ha concretado que la primera reacción de los agricultores y regantes alicantinos "es de perplejidad porque no entendemos porque el Gobierno de España y la ministra tienen tanta prisa por adoptar una serie de acuerdos que son gravemente lesivos para la agricultura levantina en el contexto actual de grave crisis sanitaria, que se traduce en una crisis económica y social en la que sectores fundamentales para la economía del país están sufriendo y la agricultura se ha demostrado que es una actividad primordial". 

Asimismo, ha añadido que en Alicante no se puede pensar en hacer agricultura sin agua, "es inviable y hemos un esfuerzo titánico en los últimos 40 años en convertir unas tierras secas y desérticas en un auténtico vergel que nos dan garantía alimentaria a España y al resto de Europa. No hay problema de agua en este año hidrológico, tenemos los embalses a un buen nivel". 

Tanto Mazón, como Melgarejo y Andreu han avanzado que en septiembre se llevarán a cabo movilizaciones, cuando los datos epidemiológicos mejoren y lo permitan, al tiempo que han hablado de "otoño caliente", no solo por los procedimientos procesales, jurídicos y judiciales que se desarrollen, sino también por las acciones ecológicas, solidarias y ambientales. 

Para concluir, Mazón ha reiterado su convencimiento de que la única solución segura para acabar con los recortes del trasvase es "un cambio de gobierno en España y en la Comunitat Valenciana".