Acción Social aprueba la contratación de 104 funcionarios interinos

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno el inicio de la contratación de 104 funcionarios interinos sin cargo a plaza adscritos a Atención Primaria Básica, Barrios Inclusivos y Atención Primaria de Carácter Específico, Servicio de Atención a Infancia y Adolescencia y Servicio de Atención a Personas con Diversidad Funcional o Discapacidad y Específico de Personas con Problemas Crónicos de Salud Mental, subvencionados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para 2021.

Concretamente, serán 13 psicólogos, 38 trabajadores sociales, 8 educadores, 10 técnicos de Integración Social, 6 TASOC con contratos de 20 horas en atención primaria básica Barrios Inclusivos, 26 administrativos, un agente y dos promotores de Igualdad.

La concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha anunciado que se inicia ahora la contratación por parte de la concejalía de Recursos Humanos y que el personal se irá incorporando a medida que se cierre cada contrato". En este sentido ha matizado que espera que dos tercios de ellos puedan incorporarse en unas tres semanas y el resto en las dos siguientes".

A este respecto ha añadido que "estos nombramientos corresponderán a las personas que resulten seleccionadas por orden de puntuación de Bolsas de Empleo Temporal Vigente y en caso de resultar insuficiente a través de los Servicios Públicos de Empleo (Labora) teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Suman 160 personas en Acción Social

Julia Llopis ha explicado que estos funcionarios se suman a la plantilla municipal, por lo que serán 160 las personas dedicadas específicamente a la atención en primera línea a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Llopis ha resaltado que "aumenta la contratación respecto al año pasado, que fue de 80 funcionarios interinos, y que ahora pasa a 104, 24 más". "Estas contrataciones se cubren con la subvención autonómica de 6.090.640 euros a la que el ayuntamiento aportará otros 85.282,45 euros, de la diferencia entre la subvención prevista y el coste calculado", ha explicado la edil.

Julia Llopis ha explicado además que el Ayuntamiento se ha adherido al Contrato Programa de la Generalitat para mantener a los trabajadores durante sociales cuatro años y evitar tener que recurrir a los procedimientos de contratación cada año. "Estamos pendientes de su firma para llevarlo a cabo y dar mayor estabilidad a los trabajadores sociales".

Consolidar la plantilla

Asimismo la edil de Acción Social ha resaltado que "nos hubiese gustado poder cerrar la contratación antes de que expiraran los contratos anteriores pero no podía ser hasta que se aprobaran los presupuestos de la Generalitat, por lo que hemos trabajado junto con la Conselleria para resolver con la mayor rapidez posible esta contratación aprobando ya a principios de febrero el acuerdo en Junta de Gobierno y acortando plazos respecto al año pasado que se cerró la contratación en abril y que se hizo en mayo en 2017, en tiempos del anterior gobierno del tripartito". "Cuando firmemos el Contrato Programa al ser retroactivo al 1 de enero, consolidaremos al personas para cuatro años" ha resaltado la edil.

Llopis también se ha mostrado convencida de que en marzo con la incorporación del personal se reducirá rápidamente las listas de espera a alrededor de un mes y se agilicen las tramitaciones de la Renta Valenciana de Ciudadanía, que han pasado de tener más de cuatro mil expedientes pendientes de resolución en 2019 a unos cuatrocientos en la actualidad. También ha abogado por introducir novedades en el servicio para mejorar la atención rápida, al margen de las emergencias a las que ya se da prioridad especialmente cuando se trata de menores.

La edil ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado por su departamento para agilizar la contratación y en la reducción de la temporalidad que ofrecerá el Contrato Programa, al tiempo que ha agradecido al personal de Acción Social todo el trabajo que vienen realizando en primera línea desde que se decretó el estado de alarma por la COVID el 14 de marzo para atender la emergencia social en la ciudad de Alicante y que generalmente no recibe el mismo reconocimiento que otros servicios esenciales.