Susana Díaz también niega la corrupción y firmará el indulto de Griñán

Según pasan los días desde que el Tribunal Supremo ratificó la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a otros trece altos cargos socialistas, se va viendo como el caso de corrupción más grave de España puede acabar como un bonito cuento infantil en el que todos son inocentes.

El Gobierno de Pedro Sánchez está allanando el terreno para conceder el indulto a Griñán, que es sobre el que pesa una pena a seis años de prisión por un delito de malversación por el caso de los ERE fraudulentos. Para ello, la vieja guardia socialista se moviliza y sale a la palestra para ponérselo un poco más fácil. La petición de esta medida de gracia solicitada por la familia del expresidente andaluz suma el apoyo de los máximos dirigentes socialistas y exjefes de Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora también llevará la firma de la expresidenta y actual senadora Susana Díaz.

La familia de Griñán y la socialista aprietan a Sánchez para que lo indulte

Así lo ha confirmado en el programa Todo es mentira de Cuatro, donde ha asegurado que hay argumentos de sobra para justificar la "honradez y honestidad" de su antecesor en la Presidencia de la Junta. Susana Díaz defiende ahora a su antecesor, a "Pepe", el mismo al que liquidó del panorama político andaluz para poder renovar el Gobierno andaluz con el voto a la investidura de Ciudadanos que le impuso esta condición, que fue aceptada por la de Triana.

No sólo va a rubricar el indulto sino que cuestiona seriamente el pronunciamiento de los jueces: "Pepe no tuvo acceso a esos fondos y no se ha llevado un duro", ha afirmado Díaz en referencia a los fondos de los expedientes de regulación de empleo (ERE), al tiempo que se convierte en experta en Derecho y sostiene que "no puede haber delito de malversación, según muchos juristas".

La soberbia socialista es máxima, ni respetan las decisiones judiciales ni piensan reconocer los errores cometidos durante décadas en la gestión de la Junta, donde se dilapidaron 700 millones de euros dirigidos a los parados para beneficiar a empresas afines y amigos del PSOE. Y todo para frenar la caída del Gobierno de Sánchez que vería a uno de sus máximos dirigentes tras las rejas de una prisión.