El PSOE andaluz deja otro boquete en la Junta de 5 millones de euros por los ERE

Recuperar el dinero público que se dilapidó durante los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía no va a ser tan sencillo. Las diferentes causas judiciales que conforman el caso de los ERE (expedientes público de empleo), tratan de esclarecer el destino de casi 700 millones de euros que fueron malversados y que vuelvan a las arcas andaluzas.

Pero después de 20 años, las sentencias emitidas por el Tribunal de Cuentas no apuntan precisamente hacia ello y más bien se dirigen a la desestimación del reintegro del dinero defraudado porque los hechos han prescrito. Según publica el diario ABC, 7 de las 13 sentencias dictadas por el TCu, dan por perdido este dinero.

Este Tribunal es una de las vías más rápidas que puede utilizar la Junta de Andalucía para recuperar los 679,4 millones defraudados, que ha sido la cifra marcada por los tribunales de lo penal. Pero la compleja tramitación de cada uno de los procesos es tal que casi es imposible afrontarla.

Y es que, según ha quedado patente en los diferentes juicios de los ERES, se utilizaban subvenciones y préstamos de la administración a empresas para desviar el dinero. Por ello, cada ayuda otorgada desde el año 2000 hasta el 2009, es objeto de trámite, lo que supone resolver unos 270 expedientes vinculados al fraude.

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Conseguir que todos estos millones vuelvan a las arcas públicas está siendo complicado, no sólo para el TCu, sino para los propios tribunales, debido a que no es hasta 11 años después, en 2011, cuando arrancan los trámites por la vía penal.

Casi cinco millones perdidos

Aunque para algunos de los responsables de esta trama de corrupción las sentencias judiciales ya han tenido consecuencias, como para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán que, han sido condenados (han presentado recurso), el paraguas de la gestión socialista ha impedido que se analizaran estos expedientes de ayudas.

La intención de la Junta de Andalucía es ir recuperando el dinero a través del TCu, pero han caducado, en total, siete causas de las 31 cursadas, lo que supone 4,8 millones de euros que no podrán ser reintegrados.

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Han pasado más de cinco años y la responsabilidad contable lo da por prescrito, a pesar del intento de que se suspendiera la prescripción hasta que se pronunciarán sobre los hechos el juzgado de lo penal que resuelve el caso. Una iniciativa que no ha prosperado y que parte de la ponente en estas sentencias, la magistrada y exministra del PP, Margarita Mariscal.

Detrás de las causas que ahora se dan por caducadas está detrás el que fue director General de Trabajo de la Junta, el ya fallecido, Francisco Javier Guerrero, y las empresas que se beneficiaron de estas ayudas ilícitas.

Sentencias favorables

Aunque en algunos casos será imposible que el dinero que se gastaron de los parados en destinos muy diversos se reembolse, en otros el panorama no es tan desalentador. Se podrán recuperar 16,8 millones de euros, gracias a las sentencias condenatorias del TCu de otras 24 causas abiertas.

Aquí el responsable también es Francisco Guerrero y sus sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En el caso del primero de ellos, al haber muerto hace un año, le traslada la responsabilidad económica a sus herederos (viuda e hija).

Sin embargo, aunque la prescripción ha caído como un jarro de agua fría sobre la propia administración, aún quedan posibilidades para recuperar el dinero defraudado, que es acudir a la vía civil. Una fórmula más costosa y lenta que el TCu, que se encuentra además con un elemento que lo ralentizará aún más, que será que exista una sentencia penal en firme previa.