El PSOE andaluz toca fondo con la trama de blanqueo de 23 millones en comisiones

El último paso del juez José Ignacio Vilaplana, que inicia la apertura de jucio de otra de las piezas del caso ERE, levanta ampollas en Andalucía y escenifica la trama creada por los sucesivos gobiernos socialistas cuando regentaban el poder en la Junta en un momento crucial. Siguen las malas noticias para su secretario general, Juan Espadas, que tiene que encarar la campaña electoral con demasiados frentes abiertos.

El magistrado investiga a 35 personas en referencia a las "sobrecomisiones" desviadas de los fondos públicos y que 'hacían suyas' dentro del entramado de las subvenciones que otorgaba la Junta de Andalucía durante la etapa socialista, dirigidas a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo.

A esas ayudas, en muchos casos arbitrarias, como quedó manifiesto en la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, se une el cobro de comisiones por valor de 23 millones de euros, que es lo que ahora sentará a los acusados en el banquillo, entre los que se encuentran exconsejeros y exaltos cargos socialistas, un sindicalista como "conseguidor" de las ayudas, testaferros y dos empresas, así como entre los responsables subsidiarios están los sindicatos de CCOO y UGT. Para todos ellos, la Fiscalía pide penas de 244 años de prisión y fianzas por valor de 1.355 millones de euros.

El verdadero juicio de los ERE llega con la investigación de las sobrecomisiones

Un nuevo escándalo para los socialistas, que los acorrala de nuevo a 100 días de volver a enfrentarse a la opinión ciudadana en las elecciones del 28 de mayo. Mientras, el Partido Popular lucha contra esta corrupción desde la vía judicial, ya que al igual que la propia Junta, se presentó como acusación particular en el caso de las sobrecomisiones y se adhiere al escrito de la Fiscalía y sus duras peticiones para los investigados.

Vox acusa al PSOE de "latrocinio"

El presunto "blanqueo" de 23 millones de euros de dinero de todos los andaluces ha hecho estallar a Vox, que ha señalado a través de un comunicado que es "un auténtico latrocinio por parte del PSOE a las arcas públicas".

Ha apuntado que cada vez que se tramitaba un expediente de ERE a cargo del fondo creado por la Junta en la etapa del PSOE para subvencionar despidos en empresas, "una parte del dinero se perdía por circuitos no oficiales". "El negocio de los ERE era una tapadera donde literalmente se forraban intermediarios, cargos autonómicos, sindicatos, consultoras y abogados", ha apuntado.

Toda una trama que desviaba la ayuda de los parados para su lucro personal y en detrimento del patrimonio público.

"No es baladí que la Fiscalía Anticorrupción pide para ellos un total de 244 años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita", ha indicado este partido. "Lo que carece de todo sentido es que mientras el juez que instruye los presuntos hechos delictivos pida a los sindicatos UGT y CCOO más de 1.300 millones de fianzas para asegurar sus responsabilidades, la Junta de Andalucía continúe subvencionándolos con ayudas y condonaciones de deuda", según Vox.