La Fiscalía acorrala a los exdirigentes socialistas de la Alhambra

La investigación de la gestión irregular del Patronato de la Alhambra y el Generalife durante la etapa del PSOE en el Gobierno de la Junta, puede tener consecuencias muy graves para la excúpula directiva. Desde el pasado 9 de enero se sientan el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada cuatro personas acusadas de supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías del monumento con un presunto perjuicio económico superior al millón de euros.

Pero tras esta primera parte del juicio, las conclusiones de la Fiscalía no son nada favorables para los investigados. Así, se ha conocido que el Ministerio Fiscal mantiene la petición de cinco años de prisión para la que fuera directora del Patronato, María del Mar Villafranca, que estuvo al frente del monumento más visitado del país desde 2004 a 2015, fecha en la que dimitió acorralada por este caso. La misma pena para la que fuera secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; mientras que para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías, solicita diez años de prisión.

Los socialistas, al banquillo de los acusados por la gestión de la Alhambra

A ellos se suma el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra, José M.V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel para todos los procesados.

En la lectura de conclusiones se recogen algunas modificaciones jurídicas que en todo caso no alteran las penas que inicialmente ha venido solicitando por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos para la exdirectora y exsecretaria general de la Alhambra, y para el empresario, al que suma el blanqueo de capitales.

Permtieron la sustracción de la recaudación

El fiscal acusa al empresario de llevar a cabo, entre 2007 y 2011, la "sustracción" a la Alhambra de parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos precios distintos a los estipulados en el contrato y facturando supuestamente menos dispositivos de los que realmente alquilaba, extremos todos ellos que el acusado negó durante su declaración en el juicio.

Tanto la directora de la Alhambra como la secretaria general del monumento en aquel momento presuntamente "permitieron" estas prácticas, a juicio del Ministerio Público, "perjudicando seriamente los intereses del Patronato de la Alhambra y el Generalife" al no llevar a cabo "actuación alguna para poner fin a esta situación" y "permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales" por la empresa.

Y es que este caso esclarecerá lo que ocurrió con la adjudicación de los contratos, que se renovaban a pesar de los incumplimientos en los pagos.