La Junta topa como 'árbitro' en su lucha judicial con el exministro de Sánchez

La Junta de Andalucía arranca con unas negras perspectivas su lucha judicial contra la invasión de sus competencias fiscales. El exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, será el ponente que evalúe en nombre de este órgano jurídico-constitucional la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

El Pleno del Constitucional se reunirá este martes, para decidir, en primer término, que el recurso cumple con todos los requisitos formales para su posterior evaluación y pronunciamiento de un fallo. Así que, ante este 'árbitro' con el que se topa la Junta, las esperanzas de que prospere el recurso son escasas.

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Además de ministro y de secretario de Estado, Campo, que fue nombrado magistrado del Constitucional el pasado 30 de diciembre de 2022 a propuesta del Gobierno, ha sido diputado socialista en el Congreso por Cádiz durante las legislaturas XI (2016-2016), XII (2016-2019), XIII (2019-2019) y apenas un par de meses de la actual, por cuanto tomó posesión el 3 de diciembre de 2019 y dejó de serlo el 21 de febrero de 2020.

El Gobierno andaluz interpuso el 24 de febrero su recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas tras estimar la vulneración de siete artículos de la Constitución, de cuatro del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de cinco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

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La Junta de Andalucía aprecia "una vulneración de la autonomía financiera" de la región y con ello una invasión de competencias del Estado, por cuanto, a posteriori de haber decidido bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio, el Gobierno acordó mediante la Ley 38/2022 crear un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que entró en vigor el 29 de diciembre y tiene como destinatarios a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, por lo que afecta a ese tramo de contribuyentes andaluces y deja sin efecto para éstos la práctica anulación del tributo que había decidido la Junta.

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En el texto del recurso, el Gabinete Jurídico de la Junta puso de manifiesto que en el ramillete de artículos invocados se evidencia que "no sólo vulnera la Constitución y el bloque de constitucionalidad en materia de tributos cedidos o el artículo 23.2 y concordantes de la Constitución, sino que al constituir una conducta del legislador en claro fraude de ley es contraria a los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y lealtad constitucional".