| 25 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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El juez, José Ignacio Vilaplana, que investiga el caso ERE y los fondos reptiles del PSOE en la Junta de Andalucía.
El juez, José Ignacio Vilaplana, que investiga el caso ERE y los fondos reptiles del PSOE en la Junta de Andalucía.

Nuevo golpe a la corrupción del PSOE-A de Espadas en plena campaña

El juez Vilaplana mantiene como investigados a cuatro exconsejeros socialistas del gobierno de Griñán, que tendrán que responder por el desvío ilícito de 1,83 millones de euros a Delphi.

| Manuela Herreros Andalucía

La actividad judicial no se detiene por la campaña electoral y el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que está también al frente de la causa de los ERE, sigue en su incesante tarea de encontrar a los culpables de la corrupción en Andalucía durante décadas y detrás encuentra a los socialistas, por lo que el sprint final de Juan Espadas como secretario general y candidato a las elecciones es a través del fango.

En este caso ha emitido nuevos autos sobre otra de las tramas de los socialistas para desviar fondos, que se implantó de forma fraudulenta tras las ayudas de los expedientes de regulación de empleo también irregulares, que ha sido denominada 'fondos reptiles' y que afectan a cuatro exconsejeros del PSOE-A con el gobierno de José Antonio Griñán.

Pues bien, el juez ha desestimado el recurso presentado en junio del año pasado por los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía: Antonio Fernández, Manuel Recio (ambos de Empleo), Martín Soler y Antonio Ávila (de Innovación), que trataron de evitar que fueran incluidos como investigados en la causa correspondiente a las ayudas autonómicas a la sociedad Delphi Automotive Systems España por valor de 1,83 millones de euros.

 

Así, Vilaplana confirma su decisión de ponerlos en el foco del caso como investigados por la "presunta mecánica delictiva vinculada a las ayudas realizadas en favor de Delphi", cuya factoría de Puerto Real (Cádiz) fue cerrada por la multinacional allá por 2007, con un gran impacto sociolaboral para la provincia gaditana.

Sin embargo, con la factoría cerrada, en 2010 se repartieron 57 ayudas por importe de 30.000 euros a través del director general de Trabajo, Juan Márquez, y otras cuatro fueron otorgadas ese mismo año por Alberto Rivera, lo que suman un montante de 1,83 millones de euros, según publica el diario ABC.

El exconsejero del PSOE, Manuel Recio.

Tales ayudas, según precisa el juez instructor, "fueron financiadas con cargo a fondos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa" a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), "y no con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Consejería de Empleo", con la que fueron sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias directas y sin publicidad, aspectos estos últimos abarcados por la macro causa de los ERE.

Un nuevo escándalo que salpica directamente al PSOE andaluz que tendrá que sacar un gran velo para tapar un nuevo agujero en las arcas públicas a menos de cinco días de que se abran las urnas.