| 29 de Junio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo.
La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo.

Tiembla el PSOE: la magistrada azote de la corrupción juzgará el caso puticlubs

Mercedes Alaya presidirá el juicio contra el exdirector de la Faffe y la exdirectora financiera por el uso de tarjetas con fondos públicos para abonar servicios en clubs de alterne.

| Manuela Herreros Andalucía

La juez Mercedes Alaya se vuelve a poner al frente de otro caso de corrupción en Andalucía ocurrido durante la etapa de Gobierno socialista.

La Audiencia de Sevilla ha designado a la que fue instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos públicos autonómicos, como magistrada presidente del tribunal encargado del juicio con jurado correspondiente a los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Este juicio se dirige contra el exdirector de la Faffe, Fernando Villén, y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls; por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido el pasado mes de abril por el juez de refuerzo de Instrucción seis y encargado de la macrocausa de los ERE, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, "prevaliéndose de su cargo como director técnico" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública" ya extinta y dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE-A.

 

Además señala el juez que usaron esos fondos, desviándolos de su propia finalidad que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación.

El juez señala que, en total, este acusado "habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución. Además, añade que, "con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos", el investigado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado", de forma que, "en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad".

Seis y cuatro años de prisión

Los dos acusados planearon una trama para ocultar este dinero que se gastaban en satisfacer sus 'vicios'. En este sentido, el magistrado expone que, "a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director", los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas , en realidad, inexistentes, reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad.

 

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls.

Pero en el caso del exdirector se sumarán a otros pleitos. Villén figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera "injusta y arbitraria", y por la sola "afinidad y vinculación personal y política" entre ambos; siendo además investigado por la "contratación irregular, injusta y arbitraria" del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.