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Nuevo juicio sobre las ayudas ilícitas de la Junta a través de Invercaria
El expresidente de la empresa de capital de riesgo dependiente de la Agencia IDEA de la Junta, Tomás Pérez-Sauquillo se vuelve a sentar en el banquillo. Ya acumula tres condenas a prisión.
Comienza un nuevo juicio sobre la empresa de capital de riesgo Invercaria por las irregularidades cometidas en la concesión de ayudas públicas. La entidad estaba adscrita Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, y está bajo el foco de la Audiencia de Sevilla que investiga diversas subvenciones otorgadas.
La última pieza que se juzga desde este lunes se centra en las ayudas por valor de 1,5 millones de euros que Invercaria trasladó a la sociedad Cedes Electria, en las que la Fiscalía Anticorrupción atisba un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.
El principal acusado en este juicio es el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, que ya acumula varias sentencias en su contra y podría sumar una nueva. Fue condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de la entidad a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de Invercaria y a tres años y un día de cárcel por el préstamo a la empresa Fumapa.
Junto a él, se sienta en el banquillo Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera del Consejo Rector de la Agencia IDEA y vocal del Consejo de Administración de Invercaria; y Bienvenido Martínez Martínez, exdirector de IDEA y consejero de Invercaria.
También figuran como acusados los representantes de la empresa beneficiaria: José Luis Manzano Seco, presidente y consejero delegado de Cedes Electria y Anitec; Federico Mañero Ruiz, consejero de Cedes y socio y administrador de Openmatelec; y Enrique García Chelle, consejero delegado de Cedes y socio y administrador de Openmatelec.
Para Pérez-Sauquillo y los dos miembros de Invercaria, la Fiscalía pide seis años de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 15 años por un delito de malversación; y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Para los tres restantes, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por cinco años por el delito de malversación; y seis años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por seis años.
El intento de recuperar el dinero público
Además de las penas de prisión, el Ministerio Fiscal considera que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a Inverseed SCR, heredera de Invercaria, en la cantidad de 1.368.954 euros por Cedes y 486.813 euros por la sociedad CSI.
En el escrito de la Fiscalía se relata que la entidad Cedes se constituyó el 1 de agosto de 2008 para el desarrollo de proyectos energéticos, mes en el que tuvo lugar una reunión entre varios de los investigados "a la que acudió el titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo", Francisco Vallejo, y en la que se acordó la inversión de capital público en el proyecto Cedes.
Tras la reunión, Isabel De Haro contactó con Pérez-Sauquillo para la puesta en marcha "de todo lo necesario" para invertir y ayudar a los promotores de la compañía. El presidente de Invercaria tomó las decisiones de otorgar ayudas consistentes en participación de capital y préstamos participativos, "sin cumplir el trámite interno establecido en el Plan Director de Inversiones" de la empresa pública, "sin más motivación que la orden dada por De Haro".
"Por decisión de su presidente, Invercaria no realizó ningún seguimiento ni control de la inversión", sostiene la Fiscalía. De Haro, por su parte, estableció "como únicos mecanismos semejantes a un control, que personal de IDEA, entre los que se encontraba ella misma, fueran nombrados vocales del consejo de administración de Cedes Electria".
Usaban una sede ficticia
La actitud de IDEA fue "pasiva y nada hicieron para evitar los hechos investigados", según el escrito de acusación. Pero además, trataron de convertir el proyecto en andaluz, a pesar de que el domicilio social y de operaciones de la empresa "ha sido Madrid".
De este modo, según el escrito "se establecieron de manera ficticia" primero en la sede de Invercaria de la Isla de la Cartuja de Sevilla y después en la calle Adriano de la capital andaluza, que corresponde a una academia de formación.
