| 30 de Enero de 2023 Director Antonio Martín Beaumont

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El exsindicalista Juan Lanzas
El exsindicalista Juan Lanzas

Suma y sigue: imputan al "conseguidor" de los ERE por un desvío millonario

El exsindicalista de UGT Juan Lanzas esta acusado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

| A. J. Andalucía

El goteo de imputados es constante. Otro sindicalista se suma a la larga lista de acusados por el desvío masivo de fondos de la Junta de Andalucía para los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. El último es el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, presunto "conseguidor" de ayudas autonómicas junto a otras 11 personas más, en relación a los los casi 20 millones de euros concedidos por la Junta a la empresa jiennense Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa) y su sucesora Primayor Alimentación Andalucía S.A.

En un auto fechado el día 16 de diciembre y difundido por el TSJA, el juez instructor aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Las personas abarcadas por los efectos de este auto son los directivos de Primayor Ramón P.D. y Felipe M.H., el exconsejero de Hamsa Luis S.V., el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio José Albarracín, los "intrusos" Alfredo P.R. y Miguel Ángel M.G., quienes "nunca habían trabajado" para Primayor pero figuraban en el ERE incentivado por la Junta; el abogado Carlos L.B., el sindicalista de CCOO Damián J.R., el que fuera presidente de la asociación de extrabajadores de Hamsa Luis Javier G.D.L.R., el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el que fuera presidente del comité de Primayor, Manuel José L.B.; y el presunto "testaferro" Francisco Algarín Lamela.

De igual modo, el magistrado dirige el procedimiento, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra Primayor Alimentación Andalucía S.A., Primayor Foods S.L., Grupo Campofrío, Asociación para la Promoción Socio-laboral de los ex trabajadores de Hamsa, Vitalia, UGT-A, UGT, Confederación Sindical de CCOO y un despacho de abogados.

El juez explica, una vez más, que no es posible depurar la posible responsabilidad penal, ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra seis ex altos cargos de la Junta, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, pues "ya habrían sido encausados por la perpetración de aquellos", en la considerada como 'pieza política' de los ERE.

En el auto, el magistrado precisa que los hechos que se investigan en esta causa son los relativos a "la ilicitud de la concesión y pago de supuestas subvenciones y ayudas públicas facilitadas y abonadas" por la Dirección General de Trabajo de la Junta en favor de Hamsa, y de su asociación de trabajadores prejubilados, y su sucesora Primayor Alimentación Andalucía.

Así, y según afirma el juez, el importe de las "supuestas subvenciones graciosamente concedidas" por la Junta ascenderían, al menos, a la suma de 7.788.390,93 euros en el caso de las concedidas en favor de Hamsa, y a la suma aproximada de 12.178.479,02 euros en el caso de las otorgadas a Primayor.

"Se habría producido una abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos, carente de amparo normativo alguno"

En el auto, el magistrado señala que tales ayudas carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad".

"En definitiva, y en todo caso, se habría producido una abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos, carente de amparo normativo alguno y en franca contradicción con los principios generales que integran el Orden Público administrativo y financiero que articula la gestión y disposición del patrimonio público, en este caso, autonómico", asevera el juez.

Y todo ello fue "financiado casi íntegramente por la Junta de Andalucía en virtud del mero concierto de voluntades naturalmente concurrentes entre los dirigentes de la Consejería de Empleo y los aquí investigados, naturalmente comprometidos en las operaciones determinantes de la desleal administración de fondos públicos".