El juez de los ERES pone el foco en un caso más de corrupción en el PSOE andaluz

El asalto a las arcas públicas andaluzas es de nuevo hoy noticia en los medios de comunicación. Día tras día sale a la luz un nuevo caso de corrupción del Partido Socialista, en colaboración con sindicatos y empresas, durante su gobierno en la Junta de Andalucía.

Mientras el paro y la desigualdad se implantaba en la comunidad, sus dirigentes expoliaban los fondos públicos para favorecer a personas y entidades afines al partido. Un “suma y sigue” de millones que se perdía de su verdadero destino y que ahora se descubre dónde y cómo iban a parar, gracias al trabajo de la justicia, que está esclareciendo poco a poco la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Otro ERE fraudulento pone contra las cuerdas al sindicalista Juan Lanzas

Ayer miércoles, el juez instructor José Ignacio Vilaplana, dictaba el auto para las piezas separadas de Mercasevilla y Río Grande, con 20 personas implicadas que tendrán que ir a juicio. Hoy continúa el procedimiento para aclarar las ayudas irregulares por valor de 1,5 millones de euros a la empresa Siemens Metering S.A. (Landis & Gyr S.A.U.).

El magistrado cierra la investigación concluyendo que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Por ello, ha emitido un nuevo auto para continuar con el proceso, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones.

Aquí son cinco los investigados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran dos responsables de la mediadora Vitalia S.A., Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo; dos directivos de Siemens Metering, en concreto el director Administrativo y Financiero Joaquín Justel y el director general Félix Rivas, y el responsable sindical y presidente del Comité de Empresa, Manuel Macarro.

Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra las entidades Siemens Metering y Vitalia.

El instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los exconsejeros de Empleo de la Junta, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. Los responsables políticos ya fueron juzgados en el caso y no se les puede incluir en cada una de las piezas.

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, en 2020 llegando a la Audiencia Provincial Sevilla.

Ayudas concedidas de manera “ilícita y arbitraria”

Como ha ocurrido en los casos anteriores se repiten las formas de apoderarse del dinero de los andaluces. En el auto, el juez precisa que el objeto de esta pieza separada “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales” concedidas “de manera ilícita y arbitraria” a la empresa por parte de la Dirección General de Trabajo.

Los hechos se produjeron entre los años 2002 y 2004,cuando Manuel Chaves era presidente de la Junta de Andalucía, y las ayudas ascienden a un importe de “al menos” 1.524.718 euros para el pago de un seguro de prejubilación de los trabajadores afectados por el ERE.

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, llegando al juicio del caso ERE en la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019.

Asimismo, según agrega el magistrado, “los hechos delictivos por los que se procede aparecen vinculados con la disposición arbitraria de fondos para el pago de unos supuestos servicios de Vitalia S.A., documentados en factura de dicha consultora, por importe de 67.744 euros”.

El juez considera que, de lo actuado, se deduce que las ayudas concedidas a Siemens Metering “carecerían de objeto definido y concreto"·. A todo ello se suma que se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Tampoco hubo control ni vigilancia de los fondos.