| 27 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Chaves, Díaz y Griñán junto a un fragmento de la demoledora auditoría
Chaves, Díaz y Griñán junto a un fragmento de la demoledora auditoría
Exclusiva

El PSOE de Andalucía daba avales y préstamos sin comprobar si iban a blanqueo

ESdiario accede al documento oficial que desvela cómo la Junta de Susana Díaz no controlaba si millonarias ayudas públicas llegaban a "traficantes o terroristas" incluso.

| Javier Rodríguez Andalucía

La Junta de Andalucía, en tiempos del PSOE y al menos con Susana Díaz en los años 2018 y 2019, regó con dinero público un número elevado de operaciones empresariales sin comprobar siquiera si los receptores de esos recursos se dedicaban al blanqueo de capitales.

Lo hizo a través de una empresa pública, SOPREA, vinculada al mismo entramado que IDEA e Invercaria, las dos marcas que más sospechas han generado durante años en la gestión de ingentes presupuestos públicos de dudoso destino.

En la auditoría hecha por la firma Grant Thorton para el nuevo Gobierno andaluz, a la que ha accedido ESdiario, se recalcan una serie de usos incompatibles con las prácticas del sector de entidades públicas que, bien mediante créditos, participación temporal o avales; auxilian a empresas necesitadas de recursos para salir adelante.

En concreto, el informe de 70 páginas se afirma, en el folio 23, lo siguiente: " La entidad sí realiza la identificación real del solicitante de fondos, pero no comprueba si estas personas se encuentran en listas de sancionados a efectos de evitar la financiación de personas o empresas que realicen actividades de blanqueo de capitales".

El informe de los auditores deja claro que no existían comprobaciones elementales antes de dar dinero público

Y añade otras dos escandalosas revelaciones: la aprobación de operaciones sin considerar los informes de riesgos y la ausencia de formalización de garantías en operaciones presentadas formalmente ante la entidad, con la apostilla de que ello se hacía debido "a que el cliente que solicita fondos no siempre dispone de garantías". 

Es decir, uniendo todos los puntos, SOPREA dio dinero público a beneficiarios cuya actividad no estaba comprobada; sin constatar el riesgo de perder esos fondos y además sin garantizar las garantías necesarias para responder con patrimonio u otros recursos ante un eventual impago de lo recibido.

"Traficantes y terroristas"

La contundencia de la auditoría en estos puntos es tal que, entre las recomendaciones, la firma contratada por la Junta de Andalucía llega a decir literalmente algo impensable en una entidad pública:

"Con carácter previo a la aprobación de una operación, en la tarea de admisión de solicitudes en el Análisis de Operaciones, no hemos tenido constancia de que se compruebe que las personas físicas y las personas jurídicas se encuentran en listas de sancionados a efectos de evitar dotar de fondos reembolsables a personas que blanqueen capitales (traficantes de drogas, terroristas, etc.)".

Se trata de una conclusión demoledora, pese al cuidado que le pone el auditor para destacar algunos puntos favorables de la entidad, como el gasto en personal al lado de organismos similares como Avalmadrid, que incide en las dudas que suscita el conglomerado IDEA, la matiz de SOPREA, de la que dependen todas las agencias y empresas públicas andaluzas dedicadas al desarrollo económico.

 

Fuentes del Ejecutivo andaluz confirman a ESdiario la dimensión del asunto y lo engloban en las revelaciones que, en general, están teniendo las auditorías emprendidas por el Gobierno de Juanma Moreno al llegar a San Telmo y que afectan, de entrada, a al menos 54 organismos distintos.

Cabe recordar que IDEA, la entidad en la que finalmente se ha integrado SOPREA para evitar duplicidades y garantizar su mejor funcionamiento, llegó a ser señalada por la Fiscalía Anticorrupción en 2015 por los llamados "Fondos Jeremie", la concesión de hasta 235 millones a distintos receptores de euros procedentes de Europa y de la propia Junta.

Se trata de otra macrocausa que afecta de lleno a los últimos presidentes andaluces del PSOE, al ponerse bajo el foco el posible descontrol de ingentes cantidades de dinero entre 2007 y 2013, en una línea similar a los célebres ERES. Tras cuatro años de paralización judicial, la jueza responsable reabrió el pasado noviembre la causa, con hasta 17 piezas distintas en marcha y un recorrido aún por conocerse.

La cercanía al PSOE

En este caso, se cree que SOPREA fue, junto a Invercaria, la sociedad encargada por IDEA para tramitar parte de los expedientes, en tiempos en que estaban al frente de las entidades directivos muy próximos al PSOE. En unas grabaciones realizadas en su día por uno de los técnicos de Invercaria, de hecho, se menciona la cercanía al socialismo andaluz como causa suficiente para recibir las ayudas.

El periodo de tiempo que afecta a las distintas investigaciones y estudios sobre el "imperio IDEA" ahora en transformación abarca a los tres últimos presidentes del PSOE: desde 2007 a 2013 ocuparon la máxima autoridad en Sal Telmo Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.