El verdadero juicio de los ERE llega con la investigación de las sobrecomisiones

El juez José Ignacio Vilaplana, encargado del caso de corrupción de los ERE, sigue acorralando a los exdirigentes del PSOE que gobernaron en la Junta de Andalucía y después de la sentencia de la pieza política que ha dejado entre rejas a varios de sus responsables, ahora persigue a los que se quedaron con el dinero a través de sobrecomisiones, que en algunos casos son las mismas personas.

Entre los acusados figuran el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exsindicalista de UGT y supuesto "conseguidor" de fondos de la Junta de Andalucía Juan Lanzas, sus supuestos testaferros Juan Francisco Algarín Lamela y Eduardo Leal, su pareja Beatriz Núñez; el ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, el directivo de Uniter José González Mata, el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y su mujer, María José Marcos Férriz; Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero (fallecido en 2020), el abogado Carlos Leal Bonmati o el empresario granadino Ismael Sierra.

Y es que además de la arbitrariedad e irregularidad que se seguía en la Junta del PSOE a la hora de distribuir fondos públicos en forma de subvenciones, parte de este dinero se 'perdía' de su destino, cayendo en manos de los "conseguidores" de las ayudas y en testaferros, que eran familiares o amigos, que colaboraban en estos presuntos delitos. Estos mediadores se quedaron, según se cifra en el escrito judial en más de 23 millones de euros.

Suma y sigue: imputan al "conseguidor" de los ERE por un desvío millonario

Cabe recordar que Antonio Fernández, cumple actualmente una pena de siete años de prisión impuesta por la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación; y Juan Márquez está condenado a tres años de prisión por esa misma pieza, si bien la Audiencia accedió a suspender un año la ejecución de su pena, mediando su petición de indulto parcial. Ambos están condenados además a siete años y cuatro años de prisión, respectivamente, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE.

La Fiscalía pide penas elevadas y fianzas millonarias

El Ministerio fiscal solicita para los 35 investigados un total de 244 años de prisión, pero más al detalle, la  pide 12 años de prisión para el exconsejero Fernández, para Márquez nueve años de cárcel, para Daniel Alberto Rivera seis años y un mes de prisión, para Lanzas 18 años y para el exchófer de Guerrero cuatro años de prisión. Además, solicita que el exconsejero Fernández, junto con otros acusados como Albarracín, González Mata o Lanzas, indemnice a la Junta de Andalucía con 59.770.664 euros.

Respecto a Juan Márquez pide que indemnice a la Junta "en la cantidad que se determine en ejecución de sentencias por los compromisos y pagos efectuados de la cantidad de 59.770.664 euros desde su toma de posesión como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo"; solicitando en paralelo que Fernández, Márquez, Daniel Alberto Rivera y Gonález Mata "respondan de la cantidad de 860.773 euros por los pagos de 408.304 euros y 452.468 euros" investigados en esta causa.

Igualmente, y entre otros aspectos, respecto a los responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, la Fiscalía reclama que la federación de Industria de CCOO responda de 384.000 euros merced a las cuantías reclamadas al ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto.

Así, el juez Vilaplana ha decretado la apertura de juicio oral contra las citadas 35 personas y dos sociedades, ordenando que el exconsejero Fernández deposite una fianza de 60 millones de euros, que Juan Márquez deposite una fianza de 15 millones, que Daniel Alberto Rivera deposite 900.000 euros y que Lanzas lo haga en 87 millones de euros, entre las fianzas más elevadas ordenadas por el magistrado, que precisa que la instancia competente para celebrar el juicio es la Audiencia de Sevilla.