| 24 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Agricultores podan un olivo centenario muerto, durante una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura para reclamar un futuro para el sector, durante el pasado verano.
Agricultores podan un olivo centenario muerto, durante una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura para reclamar un futuro para el sector, durante el pasado verano.

Los demoledores efectos de la PAC sobre el olivar andaluz

Las explotaciones olivareras andaluzas perderán el 20% de las ayudas europeas por la estrategia en Política Agraria Común (PAC) propuesta por el Gobierno de Sánchez a Bruselas.

| Manuela Herreros Andalucía

Mientras que las instituciones andaluzas y muchas españolas aprovechan cualquier oportunidad para defender la calidad del aceite de oliva que se produce en España y principalmente en el sur, en Andalucía, desde el Gobierno central se merman las posibilidades de crecimiento del sector.

El plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) que ha presentado el Gobierno de la Nación a Europa supone un golpe para las explotaciones olivareras, que pueden perder hasta el 20% de las ayudas que percibían de la Unión Europea.

Así lo ha denunciado la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a través de un informe sobre la aplicación del plan del Ministerio, que dirige Luis Planas, en la provincia de Jaén, ya que es aquí donde se cultiva el 50% de la producción nacional de aceite.

 

Desde la Junta han señalado que 82.621 agricultores y ganaderos jienenses recibieron en 2021 ayudas europeas por valor de 316,4 millones de euros. Una cuantía que se verá reducida si Bruselas acepta aplicar los nuevos criterios propuestos para el marco 2023-2027.

Unas exigencias que muestran el desconocimiento del cultivo

Esta situación se debe, entre otras cuestiones, a que la propuesta ministerial impone mayores exigencias ambientales a los productores agrarios que afectan especialmente a las explotaciones olivareras. Hasta la fecha, los titulares de estas fincas podían solicitar automáticamente el Pago verde de la PAC teniendo en cuenta a la función medioambiental y climática de los olivos, que contribuyen a la protección del suelo y de la biodiversidad, al tiempo que sirven como sumidero de carbono.

Pero, a partir de ahora, los cultivos permanentes como el olivar no serán en sí mismos un ‘eco-régimen’, como ha solicitado el Gobierno andaluz reiteradamente durante el período de negociación de las nuevas bases. En consecuencia, estos agricultores no podrán acceder de forma automática a los fondos relativos a esta nueva figura que sustituye al Pago verde en 2023-2027.

Por el contrario, para recibir estos recursos deberán demostrar que cumplen con los
nuevos requisitos que se basan exclusivamente en la pendiente del terreno para definir los cultivos leñosos. Esta modificación conllevará, según las estimaciones del Gobierno autonómico, que los olivareros de las Sierra Mágina, Sur y Morena, de La Loma o de las campiñas del Norte y del Sur de Jaén, entre otras zonas, pierdan más del 20% de los recursos que han venido recibiendo a través del Pago verde en marcos anteriores.

 

Asimismo, los productores jiennenses se verán afectados por la fuerte reducción del 60% en el número de regiones productivas de España (de 50 a 20) que, en el caso de los cultivos permanentes, como el olivar, supone un descenso de casi el 78% al bajar de 18 a 4.

Desde la Junta se ha informado al Ejecutivo central en reiteradas ocasiones de que esta modificación impide que la nueva PAC responda a la diversidad productiva de cultivos leñosos del país y de la comunidad andaluza, que es el territorio que más ayudas percibe. En concreto, este cambio provocará pérdidas en las ayudas básicas a la renta de 2023-2027 superiores al 10%.

Una queja que han trasladado de forma conjunta a través de una declaración institucional firmada por la Junta, las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agroalimentarias. Pero la falta de escucha del Gobierno de Sánchez hacia las reclamaciones autonómicas es total y el golpe al sector acecha en el 2023 al olivar en Andalucía.