| 27 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Llegada a la Audiencia de Sevilla de Ángel Rodríguez de la Borbolla, y el exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE.
Llegada a la Audiencia de Sevilla de Ángel Rodríguez de la Borbolla, y el exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE.

El tercer juicio de los ERE contra el hermano del expresidente de la Junta

Ángel Rodríguez de la Borbolla es uno de los encausados por el desvío de 8,4 millones de euros de la Junta de Andalucía y se enfrenta a la petición de 7 años de prisión de la Fiscalía.

| Manuela Herreros Andalucía

La macrocausa judicial que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se concedieron de forma fraudulenta por parte del PSOE durante su gobierno en la Junta de Andalucía es una de las tramas de corrupción más complejas que se han producido en el país. Políticos, sindicatos, y empresas se han visto involucrados en este caso por dilapidar el dinero público en beneficio propio o de amigos y afines.

Pero poco a poco, el juez al frente de la casusa, José Ignacio Vilaplana, va desenredando la madeja y resolviendo cada una de las piezas separadas en la que se investiga el caso de los ERE. Hoy martes ha comenzado la primera de las dos sesiones del juicio en la Audiencia de Sevilla correspondiente a las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho.

A la cabeza entre los encausados en esta pieza se encuentra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, y también el exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra, vinculado al grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado.

Primera sesión del juicio de la pieza de los ERE sobre las ayudas al sector del corcho.

Pero la lista continúa con el coadministrador de las empresas R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; y un responsable de una entidad bancaria identificado como G.C.E.

Entre las empresas beneficiarias se cita a Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, que con cargo a una partida presupuestaria de la Junta de Andalucía, consiguieron sufragar los expedientes de regulación de empleo fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Con relación a esta pieza separada de la macrocausa de los ERE, en enero de 2020, el juez anunciaba la apertura de este juicio al detectar presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP andaluz hubiesen presentado sus respectivos escritos de acusación.

La obtención fraudulenta de 8,4 millones de euros

El caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor.

El Ministerio Público solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R.B.M., F.P.M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para G.C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

Se trata del tercer juicio de la macrocausa de los ERE, después de que la Audiencia condenase a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, juzgados por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas. La revisión de los recursos presentados por los expresidentes a estas condenas se producirán los días 4 y 5 de mayo en el Tribunal Supremo.

 

El segundo juicio se saldó con la condena del exconsejero socialista de Empleo, Antonio Fernández, y del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, por las subvenciones a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

La defensa de Borbolla se ampara en la resolución del Supremo

La defensa de Rodríguez de la Borbolla se ha pronunciado hoy en la sesión para avisar de una posible "vulneración de derechos fundamentales" y del principio de seguridad jurídica. Se basa en el auto de Vilaplana de 2019 en el que determinó la imposibilidad de "depurar responsabilidad penal ni continuar el procedimiento" contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al figurar los mismos ya como encausados en la pieza del "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizadas las ayudas indagadas.

Así, la defensa de Rodríguez de la Borbolla se ha mostrado en contra de que los acusados sean juzgados como "cooperadores necesarios" sin que sean sometidos a juicio los presuntos "autores" como tal de los hechos y sin que pese sentencia firme. Se ampara de esta forma en el pronunciamiento del Supremo sobre la causa.