| 25 de Enero de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, durante su salida de la Audiencia Provincial de Sevilla.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, durante su salida de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los ex altos cargos socialistas estrenan año sumando años de cárcel por los ERE

Segunda condena a 7 años de prisión para el exconsejero de Empleo, y de 4 años para el exdirector de Trabajo, por un ERE fraudulento. Tendrán que indemnizar a la Junta con 3 millones.

| Manuela Herreros Andalucía

El extenso caso que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que se llevaban a cabo durante el gobierno socialista en la administración andaluza continúa esclareciéndose y sumando penas de cárcel para los acusados.

El Tribunal Superior de Justicia ha comunicado hoy viernes la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla que ha condenado a siete años y un día de prisión al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez.

 Esta pieza separada del caso ERE afecta a las ayudas otorgadas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que ha concluido con una dura sentencia para los que fueron altos cargos en la Junta durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Golpe a la corrupción con esta condena para Fernández, que ya sumaba otra de 7 años y seis meses, y Márquez, como autores de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. Por ello, además de ir a prisión, el juez les ha impuesto inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días al responsable de Empleo y de 10 años y un día para el director de Trabajo.

Otras condenas y absoluciones

El juez José Ignacio Vilaplana ha absuelto a otros tres ex altos cargos de la Junta que fueron enjuiciados, mientras que ha impuesto condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la administración autonómica.

El tribunal absuelve de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano, así como al fallecido exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Por otro lado, condena a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la presidenta del Consejo de Administración de Acyco y a tres años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación a un abogado de un bufete, como cooperadores necesarios de estos delitos de prevaricación, falsedad y malversación.

A ellos se suman dos representantes de la mediadora Vitalia, a través de la cual se cooperaba para desviar las ayudas, que también suman penas de cárcel.

Indemnización a la Junta de 3 millones de euros

El uso fraudulento del dinero de los andaluces va a tener un alto precio para los condenados. En concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados en esta pieza separada del caso ERE, todos a excepción de Juan Márquez, deberán indemnizar "conjunta y solidariamente" a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625 euros, aunque cada uno de ellos en diferente proporción.

La Audiencia considera probado que, en el año 2003, la presidenta del Consejo de Administración de Acyco decidió iniciar un ERE junto al director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, alegando causas productivas y organizativas. Una propuesta que tramitaron los responsables de la Junta para prejubilar a 35 trabajadores, entre ellas la propia presidenta del Consejo y dos personas que no tenían vinculación con la empresa de aceitunas.

 

A pesar de todas las irregularidades que se detallan en la sentencia, la Dirección General de Trabajo se comprometió a sufragar el coste de una póliza cuyo importe de la prima al contado ascendía a 2.832.482 euros y coste aplazado de 2.951.413 euros para la extinción de los contratos.

Ahora tendrán que devolver el dinero de las arcas públicas y esperar a nuevas sentencias de cada una de las piezas investigadas en la causa de corrupción más grave que se ha conocido en España.