Las personas dependientes, prioridad para la Junta

Nunca antes, en la historia de Andalucía, se había mirado con tanta atención a las personas dependientes, ni se había dotado a los servicios asistenciales con tanta inversión. La última aprobada por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz de 10,4 millones de euros y contemplada en un decreto ley.

Una propuesta de la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que dirige Rocío Ruiz (Cs) y que ha conseguido el respaldo del resto de los grupos políticos y que persigue "preservar el sector de la dependencia”. Una medida urgente dirigida a apoyar económicamente a las residencias, centros de día y terapia ocupacional, que han sufrido gastos extraordinarios provocados por la pandemia de coronavirus.

La consejera ha explicado que con este presupuesto servirá para dotar de una cuantía fija mensual por plaza concertada, conveniada o concertada y ocupada, en los centros de atención. Una cantidad que variará de 19 euros en el caso de la terapia ocupacional a los 166 euros para las personas gravemente afectadas que se encuentran en residencias.

La nueva dotación presupuestaria beneficiará a los 1.415 centros que tienen vinculación jurídica con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. En la actualidad estos centros disponen de un total de 40.769 plazas. De ellas, 18.924 corresponden al servicio de atención residencial para personas mayores; 5.966 a atención residencial para personas con discapacidad; y el resto para centros de día.

Más de 90 millones de euros desde el inicio de la pandemia

Tras la declaración del estado de alarma, hasta en tres ocasiones, la Junta de Andalucía ha adoptado una serie de medidas extraordinarias para garantizar la atención a las personas dependientes, ante la crisis sanitaria vivida.

Acciones que demuestran el compromiso social del Ejecutivo del PP y Cs en la comunidad y que suponen, a día de hoy, un desembolso de 90,4 millones de euros. Con estas partidas, los centros asistenciales pueden compensar los gastos que han generado los planes de contingencia y actuaciones de prevención frente al Covid, como la necesidad de asegurar equipos de protección, material sanitario y de desinfección, entre otros.

Los últimos decretos dirigidos a este sector no sólo repercuten en una mejor atención para los usuarios, sino también, como ha explicado Rocío Ruiz, en garantizar los puestos de trabajo. La consejera ha destacado el hecho de que el servicio público de atención a la dependencia crea en nuestra comunidad autónoma 0,5 empleos por cada persona atendida en el sector de la asistencia residencial de personas mayores.

De esta forma, la dependencia pasa de ser la gran dañada durante el gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía a ser una de sus prioridades. Se dejan atrás la falta de recursos económicos y materiales, las largas listas de espera para que los usuarios pudieran ser baremados o los numerosos casos en los que nunca llegó la ayuda para los mayores. Además una de las grandes apuestas de la consejera que dirige el ramo ha sido la implantación de sistemas digitalizados para agilizar todas las tramitaciones.