Escándalo en Linares: el exalcalde condenado y la moción de censura suspendida

La ciudad jienense de Linares está viviendo todo un escándalo político en estas últimas semanas y la justicia ha tenido que intervenir en varios frentes. Por un lado, en la Audiencia Provincial de Jaén, se ha celebrado el juicio contra el exalcalde socialista Juan Fernández, acusado de un delito de malversación de caudales públicos. Al mismo tiempo, el Juzgado de lo Contencioso ha paralizado el pleno extraordinario convocado para este viernes para llevar a cabo una moción de censura contra el actual alcalde de Cs, Raúl Caro-Accino, impulsada por el PSOE, Izquierda Unida y el independiente CILU.

Unos momentos complicados y de inestabilidad política que tiene como protagonistas a los representantes actuales y pasados del PSOE de Linares y que han tenido que llegar a los tribunales ante la falta de claridad y legalidad de las actuaciones de los socialistas.

Declarado culpable

Las cinco mujeres y cuatro hombres que conforman el jurado popular han declarado por mayoría culpable de un delito de malversación de caudales públicos a Juan Fernández, que fue alcalde por el PSOE durante 19 años hasta que en 2018 el partido le expulsó tras una investigación interna que derivó en la interposición de una querella, que en parte, se sustancia con el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Jaén.

Poco más de cuatro horas de deliberación es lo que ha necesitado el jurado para emitir un veredicto en el que consideran probado que Juan Fernández como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares, entre julio de 2022 y noviembre de 2017, al margen de su sueldo como alcalde, "se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio de una cantidad mensual de 1.700 euros".

Lo hizo, recibiendo el dinero en metálico "mediante la emisión de cheques bancarios al portador" y con cargo a dos cuentas del Grupo Municipal Socialista que "se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento" y que por ley "no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal".

El jurado ha estimado probado por mayoría que con el dinero que recibió Fernández durante siete años consecutivos, "el Ayuntamiento de Linares ha sufrido un perjuicio económico valorado en la suma de 125.377 euros.

Una vez oído el veredicto, el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por el PSOE han ratificado su petición de penas. Fiscalía reclama que se le impongan cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta, mientras que la petición del PSOE se eleva a ocho años de prisión y diez de inhabilitación absoluta.

Al banquillo un exalcalde del PSOE por quedarse con dinero público de su partido

Por su parte, la defensa ha pedido que se le aplique la pena mínima y que se tengan en cuentan como atenuantes la confesión, la declaración parcial del dinero y las dilaciones indebidas en el proceso.

Ahora será la magistrada la encargada de emitir la sentencia e imponer la pena que considere ajustada al delito de malversación de caudales públicos que en el caso de ser continuado se mueve en una horquilla de cuatro a ocho años de prisión, así como de diez a 20 años de inhabilitación absoluta.

La reacción desatada del exalcalde

Fernández no ha negado en ningún momento haber recibido estas cantidades y así lo declaró este lunes ante el jurado, pero ha rechazado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. "Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban", dijo el exalcalde, que desde el principio ha sostenido que había un acuerdo para abonarle esa cantidad.

Tras conocer el veredicto, Fernández ha comparecido a las puertas de la sala de vistas de la Audiencia de Jaén ante los medios para decir que "ha triunfado la mentira y la maldad, y sobre todo la suma de poderes, el poder político y el judicial".

El exalcalde Juan Fernández, durante su declaración.

Ha reiterado que se ha sentado en el banquillo por enfrentarse al que era su partido (PSOE) y al que criticó por incumplir los compromisos con la ciudad de Linares. Fernández ha indicado que mantiene interpuesta una querella en el Tribunal Supremo contra la jueza instructora de la causa que le ha llevado a ser juzgado por un jurado popular.

"Me podréis pegar, me podréis meter en la cárcel, me podréis hacer lo que queráis, pero yo voy a seguir diciendo y peleando lo mismo y os voy a avergonzar todo lo que pueda porque no tenéis dignidad", ha concluido Fernández.

La moción de censura se detiene

Al margen de esta causa, la situación que se vive en estos momentos en el Consistorio de Linares es de caos absoluto y en esta localidad el partido de Ciudadanos ha estado a punto de perder la alcaldía debido a la moción de censura que han tratado de llevar a pleno este viernes el PSOE, IU y CILU.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén ha aceptado la medida cautelar solicitada por el grupo de Cs para dejar sin efecto la diligencia municipal por la cual se convocaba hoy viernes la sesión plenaria para cesar al alcalde, Raúl Caro-Accino (Cs).

El alcalde de Linares de Cs, Raúl Caro Accino.

El auto judicial ha suspendido el pleno a tenor del informe "claro y contundente" del secretario general del Ayuntamiento de Linares que hace referencia a "las circunstancias especiales" en que se encuentran dos concejales del PSOE: Daniel Campos y Javier Palacios, y que "pudieran afectar a la condición y al ejercicio del derecho del voto y por ende, a la validez de la votación y acuerdo resultado de la moción de censura".

Estos informes municipales reflejan que al edil Javier Palacios, actual portavoz del PSOE, el Ayuntamiento le abonó a su farmacia 4.600 euros a través de seis facturas por la adquisición de diferentes suministros entre los años 2020 y 2022. El informe de la Secretaria General establece que la existencia de estas facturas y de los cobros correspondientes afectan al estatus jurídico de Palacios y al régimen de incompatibilidad con el cargo de concejal el hecho de ser contratista o subcontratista de un servicio "cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes".

En lo que respecta al concejal socialista Daniel Campos, Cs ha puesto también a disposición del Juzgado la sentencia de marzo de 2021 en la que se le condenaba por un delito electoral a seis meses de cárcel, al pago de una multa de 1.080 euros y a la privación del derecho de sufragio pasivo durante los seis meses de la condena. Para Cs, antes de que vote en el pleno habría que conocer si dicha sentencia se ha ejecutado y si afectaría de alguna manera al resultado de la votación.

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo establece que "será en los autos principales donde se resolverán las cuestiones de fondo, una vez que se conozcan todas las circunstancias que rodean a los concejales señor Campos López y señor Palacios Fernández", parando así la moción.