Le estalla la guerra del agua a Sánchez por su "sentencia de muerte" al Levante

El Plan Hidrológico del Tajo aprobado por el Gobierno central supone un fuerte recorte al trasvase de agua destinada a la agricultura en el Levante español. Una "sentencia de muerte", según expresan los regantes, que pone en jaque la actividad del sector en tres comunidades como son Andalucía, Valencia y Murcia, que ha provocado que estos territorios, estallen contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Gobierno andaluz pide audiencia ante el Consejo de Estado para presentar sus alegaciones y, para ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remitido una carta a la presidenta del Consejo, Magdalena Valerio, para reclamar la comparecencia de la comunidad ante este organismo, apelando a que esta nueva planificación hidrológica "contiene unas determinaciones gravemente lesivas para la Comunidad Autonóma", más aún en un año de grave sequía.

La Junta encara 2023 preocupada por la sequía y con ayudas para los afectados

La merma es de 105 hectómetros cúbicos de agua en 2027 con respecto a los 290 que reciben actualente las tres comunidades afectadas y Moreno hace números en su carta para retratar el retroceso que supone el nuevo diseño del trasvase Tajo-Segura. Pone de manifiesto que "el acueducto Tajo-Segura puede proporcionar más de 20 hectómetros cúbicos anuales de recursos que resultan imprescindibles para atender tanto el abastecimiento de la población como a una actividad económica esencial como es la agricultura de alto valor añadido que se lleva a cabo en el Levante almeriense".

Con este argumento el presidente de la Junta de Andalucía advierte de que la merma de 20 hectómetros cúbicos "posee una gran transcendencia no sólo por su peso en la economía provincial, sino por la labor de fijación de población a un territorio que, como ya se ha dicho, sufre de un problema estructural de falta de recursos hídricos".

Los intereses políticos detrás del trasvase

Al respecto, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha criticado que esta plan responde a "una decisión política", que ha atribuido "a un pacto que se haya tenido con el presidente de Castilla La Mancha (Emiliano García Page)". Así, ha anunciado que ante "este hachazo grandísimo no podemos estar ni callados ni cruzados de brazos", en referencia a esta merma de agua que se recibiría para el cultivo por el hecho de tener que aumentar el caudal ecológico del Tajo.

Crespo ha narrado que el punto de partida del trasvase Tajo-Segura es una sentencia judicial que obliga a preservar el caudal ecológico del Tajo y que para ello se estimó que con una cantidad de 6 metros cúbicos por segundo se podría dar cumplimiento a esa exigencia.

Andalucía y Murcia se alían contra la sequía que impone Sánchez al Levante

La iniciativa, ha explicado la consejera de Agricultura, se abordó en una reunión del Consejo Nacional del Agua de diciembre y que había consenso entre las comunidades autónomas afectadas en asumir la medida, pero no así en la cantidad finalmente decidida para preservar el caudal ecológico del Tajo, que es de 8,6 metros cúbicos por segundo, una cifra que "no han avalado ni Murcia ni Valencia ni Andalucía" y colegir la consejera que "han cambiado las reglas del juego"..

La titular de Agricultura ha considerado que se trata de "decisiones que afectan mucho a la población, a la más seca" y ha lamentado que "se está obviando la situación solo por capricho", antes de apuntar datos como la repercusión del recorte de agua trasvasada sobre 25.000 hectáreas y 15.000 empleos tras "un recorte de 105 hectómetros cúbicos que llega al Levante español".

A ello, se suma la reclamación de la bonificación del agua desalada, que se ha eliminado y que van a "suponer un coste de 1,40 euros el metro cúbico de agua desalada cuando ahora estaba bonificado a 0,40 euros".