A juicio otro ERE ilegal con el sindicalista de UGT Lanzas como cabecilla

Poco a poco los responsables de la corrupción que ha marcado durante décadas la forma de proceder en la Junta de Andalucía con los gobiernos socialistas se sientan en el banquillo de los juzgados para responder por las prácticas fraudulentas llevadas a cabo.

La macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que se dividió en varias piezas ante lo complejo de la trama da un nuevo paso. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado la apertura de juicio oral contra un total de 12 personas y tres entidades, por la pieza correspondiente a los 2,52 millones de euros destinados a sufragar las rentas del ERE acometido por la empresa Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), según figura en el auto.

El Juez de los ERE no frena la investigación de más ayudas ilícitas de la Junta

El juez determina que la causa gira en torno a esos más de 2,5 millones de euros correspondientes a las pólizas satisfechas a los extrabajadores de la empresa cordobesa, que "se habrían llevado a cabo a sabiendas de la ilicitud de las ayudas" con cargo a una partida presupuestaria de los fondos autonómicos, "con la que eran alimentados los incentivos investigados para despidos colectivos fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad".

Lanzas sigue acumulando delitos

Y como máximo responsable de la causa, el juez señala de nuevo al "conseguidor" de las ayudas de la Junta de Andalucía, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas. Fue el encargado de que se contrataran a 20 personas de forma ilegal ya que nunca llegaron a trabajar en una sociedad de un amigo suyo, Juan José V.G., dueño de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, para poderse acoger a las ayudas de prejubilación. Lanzas llegó a obtener de la Junta esos 2,5 millones para financiar un ERE del cual se beneficiaron otros familiares.

El auto de apertura de juicio oral se dirige contra el exsindicalista, investigado también en otras piezas separadas de esta macrocausa como el caso del ERE del restaurante Río Grande, donde el "conseguidor" operó de manera similar. Ahora se sentará junto a Lanzas en el banquillo el abogado Carlos L.B., el presidente de la asociación de extrabajadores del Matadero, Manuel G.P.; su esposa y presunta "intrusa" en el ERE, Florencia R.V.; Domingo V.P., extrabajador de la entidad; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera comercial de dicha entidad Francisco González; Inocencio E.P. y Santiago R.R., incluidos en el ERE de la entidad años después de concluir su vinculación con la empresa; Juan José V.G., supuesto "amigo" de Lanzas y dueño de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales; la hija de este último y también presunta "intrusa" en el ERE, Juana Pilar V.O.; y la pareja del empresario, Adoración N.F., también presunta "intrusa".

A todos ellos, el juez atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación; mientras a Lanzas, Domingo V.P., Manuel G.P. y Carlos L.B. atribuye además un supuesto delito continuado de falsedad documental y, además, al representante de UGT le suma otro delito de supuesto tráfico de influencias. El juez a impuesto fianzas a todos ellos por responsabilidad civil y penal que suman en total 21,28 millones de euros, según ha publicado el diario ABC, y la Fiscalía pide penas de prisión de más de 47 años de prisión.