| 03 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El principal acusado, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta y exalcalde de Cazalla.
El principal acusado, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta y exalcalde de Cazalla.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Rodríguez de la Borbolla

La Fiscalía concluye, tras el juicio que investiga el desvío de 8,4 millones en ayudas, que los acusados "actuaron a sabiendas" de que nadie controlaría el destino del dinero de la Junta.

| Manuela Herreros Andalucía

El juicio de la pieza de la macrocausa de los ERE de Andalucía que investiga el desvío de 8,4 millones en ayudas de la Junta que fueron a parar a empresas del sector del corcho, ha llegado a su fase de conclusiones. El principal acusado en este caso es Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas.

A la hora de exponer su informe final, la Fiscal del caso ha asegurado, sobre todo, que todos los acusados actuaron "a sabiendas" de que las ayudas, por valor de más de 8,4 millones de euros cosechadas por el citado grupo de empresas entre 2001 y 2007, fueron entregadas por la Junta de Andalucía "al margen de cualquier procedimiento legal", considerando además que todos ellos "sabían que nadie controlaría el destino" de los fondos públicos concedidos. Por ello, pide cinco años de prisión para el hermano del expresidente.

En este juicio también se han sentado en el banquillo el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

La Fiscalía recuerda que la Junta actuaba "a demanda"

Tras las pruebas testificales y periciales celebradas a lo largo del juicio, iniciado a mediados de marzo, la fiscal del caso ha invocado el testimonio del exconsejero socialista de Empleo, José Antonio Viera, condenado por el "procedimiento específico", junto con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En concreto, ha rememorado que Viera testificó que "no existía una convocatoria específica" de estas ayudas, sino que la Administración actuaba "a demanda" de empresas que afrontaban situaciones "de crisis", tras lo cual ha recordado que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) autores de 275 informes sobre el conjunto de las subvenciones abarcadas por la macrocausa de los ERE manifestaron, de su lado, que las ayudas objeto de este juicio estaban descritas en los documentos como "específicas e incondicionadas", cuando una subvención "no puede ser incondicionada".

 

Mientras las ayudas indagadas fueron otorgadas durante el periodo en el que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social estaba comandada por Francisco Javier Guerrero, también condenado por el "procedimiento específico" y fallecido en 2020; la fiscal ha señalado la "relación personal" que unía a Rodríguez de la Borbolla con Guerrero, pues ambos fueron alcaldes en la Sierra Norte de Sevilla.

En ese contexto ha expuesto que con relación a las ayudas concedidas a estas empresas del sector del corcho de la Sierra Norte encabezadas por Rodríguez de la Borbolla, no consta solicitud formal de ayuda, "instrumento imprescindible" para la tramitación; ni "memoria de necesidad" o justificación del "interés social" ni documentos que reflejen "fiscalización" alguna del gasto final de los fondos.

Actuaron "a sabiendas" de la ilegalidad

Según la fiscal, todos los acusados contaron con "capacidad de decisión" en las empresas beneficiarias de estas subvenciones y actuaron "a sabiendas" de que las ayudas fueron entregadas "al margen de cualquier procedimiento legal", siendo conscientes de que "nadie controlaría el destino" de los fondos públicos.

Mientras Rodríguez de la Borbolla manifestaba a la hora de declarar como acusado que entregó "toda la documentación" a la secretaria de Guerrero y que era "función" de la Junta de Andalucía reclamar la justificación del uso del dinero público entregado, la fiscal ha avisado de que este encartado contaba con "formación y experiencia para saber" cómo funciona la tramitación de una ayuda pública.

Cualquier persona con "un mínimo de diligencia", según la fiscal, sabe que para acceder a las subvenciones públicas "al menos hay que pedirlas" de manera formal, extremo en el que ha insistido. "Sabían que para pedir una ayuda es necesaria la solicitud y acreditar un interés social, así como que se les podía exigir una justificación", ha aseverado, considerando que las ayudas en cuestión no se atenían a "un mínimo de legalidad".

Especialmente, la fiscal ha reprochado a los acusados su "pasividad" a la hora de comunicar a la Administración el destino de los fondos, así como que no "realizaron actividad alguna para justificar" el gasto del dinero público recibido.

Estas subvenciones, según ha avisado, reflejan así una "absoluta falta de procedimiento en el reparto de los fondos", pues se "prescindió" del mismo al no pesar documentación como solicitudes expresas, "análisis económicos" o verdaderos planes de viabilidad, sin que tampoco pesen "resoluciones de concesión" como tal, sobre todo porque Guerrero, como director general, carecía de "competencias" para otorgar estas ayudas.

Sobre el citado departamento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, la fiscal ha señalado el "descontrol absoluto en los endosos, los pagos y en todo", lo que ha llevado a la fiscal a manifestar que, de todos modos, se trataba de un "sistema opaco y sin publicidad".

Las peticiones de prisión

Así las cosas, la fiscal del caso, en sus conclusiones definitivas, ha anunciado una modificación al admitir las dilaciones indebidas que pesan sobre este procedimiento judicial, solicitado cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos; y reclamando para el resto de los acusados cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por los mismos delitos.

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha avisado por su parte de que "ninguna documentación prueba el cumplimiento de la finalidad para la que fueron otorgadas" las ayudas concedidas a estas empresas, considerando que estas subvenciones "no sirvieron para crear empleo" y que ha quedado de relieve un "trato de favor" hacia este grupo de empresas.