Chaves, Griñán, Díaz y Montero, responsables del agujero corrupto de la Faffe

Los principales altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía se vieron implicados de una forma u otra en la corrupción sistemática en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La propuesta de dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz constata "irregularidades" en dicha entidad que "no fueron hechos puntuales", sino "consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado", del que atribuye "responsabilidades políticas" claras a los expresidentes Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Al mismo tiempo, que señala la desidia a la hora de colaborar con la justicia de Susana Díaz y María Jesús Montero.

Así se recoge en la propuesta de dictamen que el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ha presentado este viernes en rueda de prensa en el Parlamento, y que será sometida a debate y votación el próximo lunes, 4 de abril, por la tarde en la comisión de investigación, paso previo a que se debata en el Pleno de la Cámara. 

Faffe: el "trilerismo malversador" sistemático del PSOE

En él, además, se realiza "un estudio muy pormenorizado de todas las irregularidades que hemos podido estudiar, evaluar y que tuvieron lugar en el seno" de la Faffe, seguido de unas conclusiones, el señalamiento de unas "responsabilidades políticas" y unas recomendaciones.

En concreto, las "responsabilidades políticas" que plantea la propuesta de dictamen, señalan en primer lugar al ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda, "principal autor de las irregularidades" en la fundación, y, en segundo lugar, "a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos" y "algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

La propuesta de dictamen nombra explícitamente en ese apartado a los exconsejeros de Empleo que fueron presidentes del Patronato de la Faffe José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

La propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en "todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque "ha quedado patente el caos organizativo" en el que ambos "sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos".

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en "todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos".

María Jesús Montero y Susana Díaz

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye "una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe", a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, "porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración" con la misma.

En su apartado de recomendaciones, la propuesta de dictamen plantea, entre otras cuestiones, "incluir de forma expresa" en la próxima reforma del Código Penal tanto "la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias" como "la obligación de colaborar en la aportación documental con las comisiones de investigación parlamentarias".

Por su lado, la propuesta de dictamen recoge entre sus conclusiones, en primer lugar, que la Faffe "no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar" en ella "no fueron puntuales", sino que "fue una corrupción institucionalizada", "yo diría que vomitiva", ha apostillado Enrique Moreno, quien ha remarcado que el objeto de la comisión de investigación ha sido "analizar, conocer y evaluar todas las irregularidades que tuvieron lugar en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo" para "evitar controles, amañar contratos, enchufar a sus allegados; es decir, corrupción institucionalizada", según ha incidido.

"Trilerismo malversador"

Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe "pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos", y "la opaca contabilidad de la tesorería" de la fundación "en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador".

"La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados", apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que "la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades".

Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe "se gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas", una "cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén".