La corrupción de los ERE vuelve a juicio y amarga al PSOE la campaña del 19J

La corrupción de los gobiernos socialistas al frente de la Junta de Andalucía se sigue destapando en los juzgados y poniendo en evidencia el modo de operar con los fondos dirigidos a los parados para beneficiar a empresarios afines. Sobre esto trata el último caso que llega a la Audiencia de Sevilla, uno de los muchos que se investigan de esta macro causa  de los ERE, pero que tiene especial incidencia porque coincide con la celebración de elecciones en la comunidad y salpican directamente al PSOE-A que ahora lidera Juan Espadas.

La Audiencia sevillana prevé celebrar este martes y el día 21 de este mes el juicio promovido contra el empresario Carles Valdellós Blanch por una ayuda "injusta y arbitraria" de 84.522 euros que le fue concedida en 2009 con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos y mediante el mecanismo investigado en la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o innecesarios financiados por la Junta de Andalucía. Este juicio estaba inicialmente señalado para finales de enero, si bien entonces fue aplazado a este mes.

El escrito de acusación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada indica que todo se encuadra en el "sistema de ayudas" habilitado por la Junta de Andalucía en los años 90 y el ejercicio 2000, "para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de pólizas de rentas de prejubilación para trabajadores de empresas en crisis". Pero estas ayudas fueron a parar a otros destinatarios y por ello fueron condenados 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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En ese contexto, la Fiscalía anticorrupción señala como beneficiaria a la sociedad Nerva Croissant, con sede en la localidad de Nerva y dedicada a la fabricación de productos de panadería y a su único administrador Valdellós Blanch como acusado.

"Este, sabedor de que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Trabajo concedía ayudas con fondos públicos al margen del procedimiento legalmente establecido, llegó hasta el responsable" de la misma, entonces Juan Márquez, "y consiguió que en agosto de 2009 éste le concediera, de manera absolutamente injusta y arbitraria, una ayuda por importe de 84.522 euros con fondos públicos cuya gestión le estaba encomendada por razón de su cargo, actuando con el conocimiento y consentimiento de sus superiores jerárquicos, Antonio Fernández y Agustín Barberá, consejero y viceconsejero de Empleo, respectivamente".

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El exdirector Juan Márquez, según la Fiscalía, "carecía de competencia para la concesión de esta ayuda, contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos a su cargo y actuó con el más absoluto desprecio por la satisfacción del interés general de los ciudadanos andaluces".

No es la primera vez que Márquez se sienta en el banquillo y suma condenas por esta forma de proceder con el dinero público. Además, en este caso se señala que "era sabedor de que ni la concesión ni el pago de la ayuda iban a ser objeto de fiscalización crítica alguna, sin que estuviera justificado fin público alguno en la concesión y sin que concurriera en la solicitud motivo alguno que hubiera dificultado la convocatoria pública de una ayuda excepcional como la que se solicitaba".

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Juan Márquez, según el Ministerio Público, "sin seguir procedimiento reglado alguno, de manera absolutamente arbitraria y con el conocimiento y consentimiento de Antonio Fernández y Agustín Barberá, decidió atender a esa petición del acusado Carles Valdellós Blanch con cargo a los fondos públicos".

Así, en agosto de 2009, Márquez aprobó esta "ayuda sociolaboral excepcional a los trabajadores" de la empresa de Valdellós por importe de 84.522 euros y encomendaba su pago a la Agencia IDEA", cuando "el beneficiario era la propia empresa y no sus trabajadores, pues la finalidad de la ayuda era solventar obligaciones contraídas por la sociedad, bien con los trabajadores, bien con la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social".