Patada adelante del Gobierno para no saldar las deudas con Andalucía

La suma de millones que el Gobierno central de Pedro Sánchez adeuda a la comunidad andaluza sigue ascendiendo sin que haya solución en este año que está a punto de finalizar. La decepción de la Junta de Andalucía ha sido máxima al recibir el borrador sobre la financiación autonómica y califican el mismo de ser "una patada adelante" para no resolver las desigualdades entre las comunidades.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha señalado que el borrador, que se basa en el uso de la población ajustada en la financiación, con 240 páginas, no contiene ni una sola cifra, ni "salda las deudas" con Andalucía, ni con las comunidades que menos dinero reciben donde se coloca también Valencia y Murcia. Aquí ha destacado los 15.000 millones con los que se debe dotar el sistema para compensar la infrafinanciación, de los cuales 4.000 corresponderían a la región del sur.

Para la Junta el texto contiene "mucha paja" y deja sin resolver la reclamación del cambio de modelo en este año, así como otras deudas que el Gobierno central mantiene con la comunidad. Entre ellas, Bendodo ha destacado los 547 millones correspondiente al IVA de 2017, así como comenzará el 2022 sin un fondo transitorio de financiación para las tres comunidades infrafinanciadas.

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Una lista de agravios financieros hacia Andalucía que continúa con la eliminación de los 1.000 millones del fondo Covid, pese a estar en plena sexta ola y cuando se ha evaluado que el 40% del gasto asociado a la pandemia es ya de naturaleza estructural.

Piden la revisión de los gastos sanitarios y educativos

El documento remitido por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, a las comunidades autónomas considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, según señalan, "existe un notable consenso", aunque insta a mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto.

Tras analizar indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como en otros servicios autonómicos, el documento del Gobierno plantea en el caso del gasto sanitario la variable población protegida equivalente, dividida en tramos de edad quinquenales.

Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%. En el caso de la educación, la ponderación de esta variable de gasto también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%.