| 02 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Depuradora del Bajo Guadalhorce en Málaga, una de las obras concluidas por el Gobierno andaluz en esta legislatura.
Depuradora del Bajo Guadalhorce en Málaga, una de las obras concluidas por el Gobierno andaluz en esta legislatura.

El Gobierno andaluz "depura" los residuos del PSOE

La Junta de PP y Cs quiere acabar con los vertidos sin control en Andalucía y arranca el curso político licitando obras hídricas por valor de 166 millones de euros.

| Manuela Herreros Andalucía

Uno de los problemas más graves que ha sufrido Andalucía en las últimas décadas ha sido la falta de infraestructuras para el saneamiento de las aguas residuales. La dejadez del anterior gobierno del Partido Socialista, que ha mirado hacia otro lado, ha provocado que los vertidos lleguen a los ríos y al mar sin control, con el impacto medioambiental que supone.

Todo ello ante las continuas quejas y reclamaciones de numerosos ayuntamientos que han llegado a esperar hasta más de 20 años para depurar sus aguas y de las sanciones de Europa por no cumplir los acuerdos internacionales para conseguir el vertido cero.

Además se suma que todos los andaluces llevan desde 2011 pagando en sus facturas del agua un canon por depuración, pero ese dinero, a costa del bolsillo de los ciudadanos, no ha sido destinado al objetivo marcado y se desconoce dónde ha ido a parar.

Una de las provincias más castigadas ha sido la provincia de Málaga, con falta de infraestructuras en comarcas del interior como el Valle del Guadalhorce o en todo el litoral, pero también Cádiz o Almería.

Pero la situación está dando un giro desde que el gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Cs tomó las riendas del asunto y sacó del cajón cientos de proyectos paralizados. Desde ese momento se han concluido las infraestructuras iniciadas y se han iniciado centenar de actuaciones.

En lo que discurre de legislatura, el gobierno de Juanma Moreno ha iniciado un maratón de obras, licitando más de 500 millones de euros para la construcción o modernización de plantas depuradoras, en un total de 553 municipios andaluces. Además, desde la Junta se marcan el objetivo de que en 2022 el canon por depuración se gaste al cien por cien en esta materia.

Otra de las prioridades es poner fin a las multas de Europa, que suman ya ocho millones de euros a Andalucía por no depurar. Para ello ya están en marcha más de 300 actuaciones en la región, todas aquellas que el anterior Gobierno andaluz declaró en 2010 de interés de la Comunidad y que nunca acometió.

La consejera Carmen Crespo en la visita a la depuradora de Antas (Almería), construida en tiempo récord.

La Junta arranca el curso “depurando”

El Gobierno de Andalucía estrenará el nuevo curso político con un paquete de licitaciones de obra hidráulica por valor de 166 millones de euros y abordando dos de los problemas de abastecimiento más graves en la comunidad.  Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (PP). Estos proyectos evitarán imágenes lamentables de vertidos en las playas de la Costa del Sol, en zonas naturales y de especial protección, evitando un daño ecológico que podría ser irreparable.

Entre las actuaciones recogidas en este paquete de licitaciones destacan 19 proyectos de depuración y saneamiento de aguas residuales que suman 113,7 millones de euros. Además, también se contemplan obras para mejorar el abastecimiento y para modernizar el patrimonio hidráulico de Andalucía.

En esta línea, Crespo ha aprovechado para anunciar que en próximas fechas se presentará el proyecto, ya finalizado, para garantizar el suministro de agua desalada en el municipio de Roquetas de Mar. Una actuación que supera los 14 millones de euros y que viene a poner fin a una de las reclamaciones de este territorio.

También se aborda el trasvase del Tajo-Segura, sobre el que la consejera andaluza ha apuntado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando las acciones que se puedan llevar a cabo para tratar de revertir la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de reducir la transferencia de agua. "Se trata de un recorte político y no técnico del trasvase Tajo-Segura", ha apostillado Crespo, antes de remarcar que la decisión ministerial afecta a 23.000 hectáreas agrícolas de Almería y pone en riesgo el abastecimiento de 130.000 almerienses.