| 19 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Carmen Ibanco, extrabajadora de la Faffe y mujer del líder socialista Juan Espadas, durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria en septiembre.
Carmen Ibanco, extrabajadora de la Faffe y mujer del líder socialista Juan Espadas, durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria en septiembre.

El juzgado investiga la contratación de la mujer de Espadas en la Faffe

El juez Vilaplana abre diligencias ante la petición de Vox y solicita información al Servicio Andaluz de Empleo sobre los procesos y candidatos a los puestos públicos de la etapa socialista.

| Manuela Herreros Andalucía

La actividad judicial de hoy en Andalucía puede quedar para el recuerdo. A las condenas por malversación de fondos públicos conocida sobre el caso Invercaria y la evolución de una de las piezas de los ERE, ahora se da un nuevo paso para esclarecer el modo en el que se realizaban las contrataciones en la administración autonómica durante los gobiernos socialistas.

Más concretamente el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, con el juez José Ignacio Vilaplana al frente (instructor del caso ERE), investigará las contrataciones realizadas en ya extinta Fundación Fondo de Fomento del Empleo (Faffe), dependiente de la Junta, para conocer si fue utilizada de forma fraudulenta para favorecer la contratación de personas afines al PSOE.

Unas diligencias que abre el juez, a raíz de la petición realizada por el grupo parlamentario Vox en Andalucía, que pone sus sospechas en la forma en la que entró a trabajar en la Faffe Carmen Ibanco, la mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

La duda parte de la propia declaración de Ibanco el pasado 10 de septiembre en la comisión de investigación que lleva a cabo el Parlamento de Andalucía. En la sesión, la mujer del socialista narraba su proceso de selección y contratación.

 

Aquí quedó de manifiesto que entró incluso antes de que oficialmente terminara el plazo de solicitudes y mostró dudas hasta sobre el lugar donde desarrollaba sus funciones. Tampoco quedaba claro como conoció la oferta laboral o envió su documentación.

Requerimiento de información al SAE

Algunas de las peticiones de Vox han sido admitidas y el siguiente paso es la solicitud del Juzgado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de diversa documentación. Y es que la plantilla de trabajadores de la Faffe fue absorbida por el SAE una vez que se liquidó.

Vilaplana pide que aporte las bases reguladoras existentes para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de dirección de la Faffe y de técnicos de nivel E de dicha entidad, puesto que ocupa Ibanco, a fin de conocer todos los requisitos valorables para acceder a dichas candidaturas.

También solicita al SAE que aporte el registro de control horario de estos puestos durante los ejercicios de 2007 a 2011, a fin de acreditar la jornada la laboral prestada por los trabajadores. Y, por último, solicita a la Junta de Andalucía que aporte la totalidad de las candidaturas presentadas de las convocatorias de 2006 y 2007 a fin de poder determinar el motivo por el que fueron seleccionadas ciertas candidaturas respecto de otras existentes.

La declaración de Ibanco determinante para Vox

Tras conocer la apertura de estas diligencias, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha convocado a los medios en la puerta de los juzgados, donde ha estado acompañado por la diputada Ángela Mulas, portavoz en la comisión de investigación parlamentaria. Vox ha recordado la comparecencia de la mujer de Juan Espadas, en la que ofreció multitud de dudas sobre su trabajo entre ellas, no fue capaz de explicar qué programas informáticos usaba durante su jornada laboral.

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto a la diputada Ángela Mulas, en Sevilla.

Gavira ha denunciado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "no está dando los pasos que consideramos oportunos para combatir la corrupción en Andalucía y acabar con la herencia de los enchufados del PSOE" y ha asegurado que Vox va a ser "proactivo".

"Es por ello por lo que hemos solicitado al Juzgado, y nos lo ha concedido, la realización de una serie de pruebas para conocer efectivamente quiénes son los enchufados y qué actuaciones hacía dentro de la Junta de Andalucía", ha indicado Gavira.