El abogado de Griñán recurrirá a Sánchez para evitar la cárcel con un indulto

El abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, cuya condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso ERE ha sido ratificada este martes por el Supremo hará todo lo posible por evitar que su defendido vaya a la cárcel y ya ha avisado que recurriá al Gobierno, si es necesario, para conseguir un indulto. 

"Yo tengo la obligación de valorar y de estudiar todas las vías para evitar que se consolide el criterio que, con toda la humildad pero también con claridad, me parece manifiestamente injusto. El indulto es una de esas vías, sin duda, y no sé por qué tendría que renunciar", ha asegurado el letrado, José María Calero, en la Cadena Ser.

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Sin embargo, no será de forma inminente pues la ejecución de la sentencia, que implicaría la entrada de Griñán en prisión, compete a la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el órgano jurisdiccional que dictó la condena confirmada ahora por el TS.

Además, para ello deberá recibir el fallo íntegro del Supremo, un texto que no se espera que esté redactado y notificado antes de septiembre, debido al habitual parón de agosto en el ámbito judicial. Además,  hay que tener en cuenta que los condenados podrían solicitar al TS una aclaración de la sentencia, lo que retrasaría aún más la materialización de las penas impuestas.

"Este adelanto da lugar a una situación un poco peculiar. En realidad, no se produce ningún efecto procesal hasta que no se notifique la sentencia por parte del Supremo en su integridad", ha advertido el letrado, que ha apostillado que "estamos en una situación muy anómala".

Primero, al Constitucional; después, el indulto

Aún así, ha anunciado este mismo martes, en declaraciones a Europa Press, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) y, en última instancia, solicitarán el indulto. De hecho, ve "incorrecta, errónea" y "claramente injusta" la sentencia y atisba "un rayo de esperanza" en dos los votos discrepantes del Supremo.

De ser así, para acudir a la corte de garantías tendrá que completar antes un último trámite ante el Supremo, planteando un incidente de nulidad que tendrá que resolver la Sala de lo Penal, por lo que su eventual entrada en la cárcel se seguiría dilatando.

Las fuentes explican que junto al recurso de amparo podrá pedir al TC que suspenda la ejecución de la condena. No obstante, el Constitucional no suele frenar la entrada en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, como es el caso.

En un reciente auto del pasado 16 de junio, el TC expone que esto es así porque las penas superiores a cinco años se consideran "graves", aunque añade que la jurisprudencia constitucional también tiene en cuenta otros criterios como "la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social".

"Circunstancias que expresan la reprobación que el ordenamiento asigna al hecho delictivo y, por consiguiente, la magnitud del interés general en su ejecución", indica el Tribunal Constitucional en dicho auto. El TC aclara que "existen algunos supuestos en los que excepcionalmente se ha accedido a su suspensión, atendiendo al tiempo de cumplimiento efectivo que reste por el cumplimiento previo de una parte sustancial de la pena impuesta".

"Griñán tiene la conciencia tranquila, tiene la certeza de que jamás ha sustraído un euro y que jamás conoció ni fue consciente de que nadie pudiera sustraerlo"

Fue en 2019 cuando la Audiencia de Sevilla condenó a Griñán a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días, mientras que Chaves fue sentenciado a 9 años de inhabilitación especial.

Durante la vista celebrada en el Supremo los días 4 y 5 de mayo para estudiar los recursos de casación, la Fiscalía pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos ex presidentes.

Para el Ministerio Público, ha quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", propiciando un sistema "prevaricador" donde "cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto". El Supremo lo da por válido, aunque con dos votos discrepantes.

Sin embargo, según su abogado, Griñán "tiene la conciencia tranquila, tiene la certeza de que jamás ha sustraído un euro y que jamás conoció ni fue consciente de que nadie pudiera sustraerlo", ha asegurado sobre su cliente. "Tiene el patrimonio limpio y escaso... Y la conciencia tranquila", ha zanjado.