| 03 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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La ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (PSOE).
La ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (PSOE).

La ministra Montero se escabulle de su declaración de la corrupción andaluza

Se escuda en su condición de aforada para no asistir a su comparecencia en la comisión de investigación de la Faffe. La exconsejera Martínez Aguayo, condenada por los ERES, tampoco declara.

| Manuela Herreros Andalucía

Silencio del PSOE ante las décadas de corrupción en la Junta de Andalucía. La comisión de investigación de la Fundación pública Faffe, a través de la cual se desviaba dinero público para pagar prostíbulos, enchufar afines al partido y enriquecer a empresas de la cuerda, se queda un viernes más en un ejemplo de falta de respeto por la propia institución y por los andaluces.

Habrá que esperar a la que la justicia emita las sentencias de las diferentes piezas investigadas sobre esta Fundación, porque no se va a conocer lo que ocurrió con el dinero de los parados de Andalucía por boca de los implicados.

 

Hoy estaba citada en la Comisión de investigación la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su responsabilidad política como consejera también de Hacienda en la Junta desde 2013 a 2018, con Susana Díaz como presidenta, pero formaba parte del gobierno andaluz desde 2004 con Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Montero se acoge a su condición de aforada como ministra y así elude tener que presentarse en la sala. Además su citación no aparece en el orden del día de la comisión por este mismo motivo. Se escapa de dar explicaciones, como viene siendo costumbre entre los dirigentes socialistas.

La exconsejera Aguayo tampoco colabora

Algo parecido ha ocurrido también con su predecesora en el cargo. Carmen Martínez Aguayo, que fue viceconsejera de Hacienda de 2004 a 2010 y consejera entre 2010 y 2013, por lo que algo debería aportar sobre el asunto. Sin embargo, se ha acogido a su derecho a no declarar, imponiendo el silencio.

Los miembros del PP, Cs y Vox en la comisión esperaban las explicaciones de Aguayo, mientras que Unidad Podemos no acude a la sesión y el PSOE trata de victimizar a los citados. Un panorama desalentador, teniendo en cuenta que la persona que hoy se ha sentado en la sala fue condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por el caso ERE, por prevaricación y malversación.

Hoy, no tiene nada que aportar. "Nunca he tenido responsabilidad de ningún tipo en la concreta gestión de la Faffe y nunca he conocido ninguna irregularidad al respecto", ha declarado ante la comisión.

Sin embargo, sí había muchas cuestiones sobre las que preguntar a la exconsejera, tal y como trasladan desde el PP-A, por ejemplo cómo se elaboró la Ley del Sector Público, a través de la cual se integró el personal de la Faffe en las agencias de la Junta, más de 1.000 personas, "muchas de las cuales han sido denunciadas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios por enchufismo”, agregan los populares.

Martínez Aguayo ha tenido hoy la oportunidad también de explicar las contrataciones de último minuto que se produjeron en la Faffe justo antes de liquidarla. Cuando apenas faltaba unos meses para extinguirla y traspasar al personal al SAE, la consejera emitió un informe favorable para la contratación de 16 personas más en la fundación.

 

No sólo se amplió la plantillas a sabiendas de que la Faffe estaba bajo la mirada de ser un ente corrupto y que iba a dejar de funcionar, también se le dieron fondos. Desde el PP han señalado que sólo 10 días antes de finiquitar la fundación, el Consejo de Gobierno le concedió una subvención nominativa de 16 millones de euros.

Aguayo era la responsable de elaborar los presupuestos y tenían informes de la Cámara de Cuentas que advertían de que las transferencias de dinero a la Faffe debían hacerse como transferencias corrientes, y no como transferencias de capital.

Dos años de espera de la resolución de las condenas de los ERE

El saqueo a las arcas públicas andaluzas sigue sin resolverse de forma definitiva. Hoy viernes se cumplen justo dos años desde que la Audiencia de Sevilla emitiera su sentencia sobre el desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía para el pago de prejubilaciones a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

Una sentencia que condenó a 19 de los 21 altos cargos socialistas juzgados, entre ellos está Aguayo, y los expresidentes Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricar y a José Antonio Griñán a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas.

Pocos se escaparon de la condena por el caso de corrupción más grave de nuestro país protagonizada por los socialistas andaluces. Entre ellos, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años), y los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez también recibieron una resolución judicial en contra y fueron condenados a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. 

Ante esta sentencia, los afectados presentaron recursos ante el Tribunal Supremo que dos años después están pendientes de resolución judicial.