La corrupción de Invercaria y la Faffe persiguen al PSOE en su viernes negro

Los casos de corrupción dentro de la Junta de Andalucía durante los gobiernos del PSOE dejan un reguero de procedimientos judiciales que poco a poco se van resolviendo, para desgracia del recién nombrado líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

Hoy viernes dos asuntos han marcado la actualidad en la comunidad. Por un lado, comienza el juicio sobre una pieza de Invercaria y por otro, en el plano político, continúa la investigación de la fundación de fomento del empleo Faffe.

En referencia al primer asunto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla celebra la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta.

El juicio sobre el saqueo socialista de la Faffe pilla a Espadas a contrapié

Se investiga el préstamo participativo otorgado por la agencia pública, por valor de 300.000 euros, a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores. Una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581 euros para las arcas autonómicas.

Este juicio se dirige contra el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, sobre el que pesa una condena de tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis; la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro; y el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, condenado a inhabilitación por prevaricación por el procedimiento mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE), presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias.

También se sientan en el banquillo el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez.

Dos folios manuscritos para justificar una inversión pública

En los últimos años se han conocido muchas estrategias corruptas para apoderarse del dinero público. En este caso, según la Fiscalía Anticorrupción, los dos responsables de Fumapa, "a pesar de ser conscientes de que no cumplían con los presupuestos exigidos por Invercaria como empresa de capital riesgo", propusieron supuestamente a Pérez-Sauquillo "una inversión a modo de préstamo participativo", para lo cual le presentaron sólo dos folios manuscritos que contenían una serie de gastos entre 2005 y 2008", así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra.

En el escrito de la Fiscalía se precisa que el acusado Pérez Sauquillo, a pesar de ser consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda, hizo llegar a través de su secretaria el interés para que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal del Departamento de Promoción, cuyo director era en esas fechas Cristóbal Cantos.

El préstamo se acordó sin presentar un plan de negocios ni un análisis de inversión. Tampoco se realizó auditoría, ni se incorporó el préstamo en las cuentas anuales de Fumapa

En el seno del consejo de administración de Invercaria, según la Fiscalía, Tomás Pérez Sauquillo como presidente, junto a los vocales, aprobaron la inversión de manera unánime sin contar con expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director de la compañía, acordando así un préstamo participativo de 300.000 euros en favor de Invercaria.

El préstamo se acordó sin presentar un plan de negocios ni un análisis de inversión. Tampoco se realizó auditoría, ni se incorporó el préstamo en las cuentas anuales de Fumapa, ni aparece en la documentación elevada a la administración concursal ni al juzgado mercantil una vez declarada Fumapa en concurso de acreedores.

Infructuosa investigación a la Faffe

Por otro lado, en la jornada de hoy han vuelto las comparecencias a la comisión de investigación de la Fundación Andalucía Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que lleva a cabo el Parlamento de Andalucía, pero han sido de lo más decepcionante.

Hoy estaban citados a declarar el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Manuel Brenes Rivas. Ninguno de los dos ha querido declarar, el primero alegando que fue absuelto por el Tribunal Supremo en el caso Mercasevilla hace años, mientras que el segundo está inmerso en un proceso judicial como investigado.

Los dos comparecientes han apuntado a su derecho a no declarar y al repeto a la presunción de inocencia. Nuevos silencios sobre el funcionamiento de esta fundación que se utilizaba para contratar a personas afines al PSOE y se desviaban fondos públicos para otros usos.

Antonio Rivas se desvincula de la entidad

Antonio Rivas ha aclarado que nunca fue gestor en la Faffe y ni conoció, permitió o participó en la gestión de personal o en la  contable ni financiera de ese organismo, sino que sólo fue miembro de un patronato que tenía una o dos reuniones al año.

Además, ha aprovechado su visita a la comisión parlamentaria para hacer una petición: "Que se eliminen de todas las actas del Pleno del Parlamento o de comisión cuantas referencias haya a mi persona que atenten o pongan en duda mi total y absoluta inocencia y mi derecho al honor".

Por su parte el exdirector de la Junta y exalcalde socialista de Arcos de la Frontera, Brenes Rivas, tampoco ha querido dar explicaciones por consejo legal de su defensa, ya que se encuentra afectado por varios procesos judiciales, como investigado y como testigo. También ha justificado que no contestaría a las preguntas de los grupos para salvaguardar sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia.

Manuel Brenes en una imagen de archivo participando en un programa de radio en Arcos (cádiz).

Ha querido dejar claro que en cuanto se resuelva su actual situación judicial, confiando en que su inocencia quedará demostrada "más pronto que tarde", estará dispuesto a volver a la comisión parlamentaria para dilucidar cuantas cuestiones le planteen los grupos parlamentarios. Y es que la intención de la comparecencia era conocer el destino de 6,5 millones de euros supuestamente destinados a centros de formación y a la forma en la que su hija accedió a su empleo público.