El exministro Soria fue despedido por la Junta de forma procedente

Una de las cabezas que rodaron entre los altos cargos de la Junta de Andalucía con el cambio de gobierno fue la del exministro socialista de Sanidad, Bernat Soria, y la justicia se pronunció ayer defendiendo la legalidad de su despido. El contrato del Doctor en medicina se dio por finalizado en mayo de 2019 por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, dependiente de la consejería de Salud, alegando motivos disciplinarios, al considerar que estaba incumpliendo sus obligaciones laborales y contractuales.

Según los argumentos esgrimidos como causa del despido, Bernat incumplió la cláusula de exclusividad que firmó al acceder a su cargo, por la cual cobraba 5.000 euros anuales, que sumado a su sueldo dejaba una remuneración de 180.000 euros anuales al exministro.

De esta forma no podría desarrollar actividades comerciales, profesionales o laborales de cualquier índole por cuenta propia o ajena con otra empresa, competidora o no de la Fundación, según se explica en la sentencia. Sólo le permitían aquellas que realizara por su condición de Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide o las autorizadas por la Fundación.

En el expediente disciplinario que le interpone la Fundación se le acusó de mantener relaciones directas e indirectas con empresas que tienen el mismo objeto investigador que el organismo en el que trabajaba desde mayo de 2009, un mes después de dejar el ministerio del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Soria consideró que se estaban vulnerando sus derechos y recurrió su despido alegando “acoso laboral”. Además,  en su momento afirmó que los cargos de los que se le acusaban y su expediente disciplinario “huelen” a persecución. El exministro se veía como una “cabeza de turco” y por los daños morales que consideraba que le estaban ocasionando solicitó una indemnización a la Junta de Andalucía de 2.750.000 euros.

 Ahora el Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla le da la razón a la Fundación de la Junta y ha declarado el despido como “procedente” y da por extinguida la relación laboral entre las partes, “sin derecho a indemnización, ni a salarios de tramitación”.

Aunque la sentencia tiene aún posibilidad de un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez ha sido claro en la exposición de motivos y en la resolución del asunto. Se libra de este modo la Junta de Andalucía de abonar una costosa indemnización, porque en otras ocasiones, principalmente relacionados con el cese de técnicos no ha sido así y suma ya 80 millones en pago de indemnizaciones.

Imagen de la recepción de Susana Díaz cuando era presidenta de la Junta de Andalucía, a Socia como director de Cabimer.

Vínculos con empresas con todos los gobiernos del PSOE

El exministro de Sanidad fue contratado por primera vez en la Junta de Andalucía en 2005 con el gobierno de Manuel Chaves, dos años después Zapatero lo convierte en Ministro y en 2009 regresa a la institución andaluza en manos de José Antonio Griñán, como director e investigador del departamento de células troncales de Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Aquí permanece con la presidencia de Susana Díaz.

Pero lo curioso del caso es que Soria en su recurso al cese fechaba el inicio del acoso laboral desde 2009 y con mayor intensidad a partir de 2015, gobernando el PSOE, cuando el despido llega de la mano del PP y Cs al acceder al gobierno andaluz.

El juez que ha instruido el caso no ve probado el acoso, pero si narra una serie de relaciones del que fue ministro con diferentes empresas que ponen en cuestionamiento la exclusividad que firmó en su contrato pues también se dedicaban a la investigación. En las sociedades Andalucell, Newbiothenic, Alirober y Biotech Business Inver, Soria figuraba como accionista, apoderado o administrador único, y facturaban al mismo tiempo que ocupaba su cargo en la administración pública.