Vox tensa la cuerda de la legislatura andaluza al dejar caer la ley del suelo

El Pleno de esta semana en el Parlamento de Andalucía marca un antes y un después en el panorama político de la Comunidad, pues la tensión es palpable y por dos veces -las dos primeras- Vox ha cumplido su amenaza de negar al Gobierno del PP y Cs su apoyo para todo lo que no estuviera comprometido antes de la crisis con Marruecos.

Ello se ha traducido, primero, en la retirada del orden del día de la reforma de la Ley de Salud Pública, que el Ejecutivo quería aprobar por lectura única pero para lo que necesitaba también el apoyo de Vox (el único que le ha faltado). 

Y, en segundo lugar, en que una de las principales estrategias planteadas para la Comunidad no ha superado el debate. Se trata del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) que no será tramitado debido a que Vox se ha abstenido en una enmienda a la totalidad presentada por Adelante Andalucía. La enmienda al texto ha prosperado con los votos a favor del PSOE y el de diputados no adscritos (50 votos), sumada a la abstención de Vox (11), y los votos en contra de PP y Cs (43).

Esta normativa que se ha llevado al pleno persigue ordenar el territorio en el plano urbanístico, de forma más ágil y simplificada, según ha explicado la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en el debate. Ha incidido en que esta ley, que sustituye a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía de 2002 y a la anterior Ley de Ordenación del Territorio de 1994, supondría garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente. Todo ello con la eliminación de trámites y problemas judiciales.

Sin embargo, el proyecto se devuelve al Consejo de Gobierno, a pesar de que todos los grupos han coincidido en que es necesaria una nueva regulación, pero tendrá que ser consensuado con más colectivos y sectores como se ha pedido en la enmienda desde Adelante Andalucía.

El Gobierno andaluz seguirá adelante con o sin Vox: "Su zarandeo nos robustece"

Para la oposición el proyecto de Ley pone sus ojos en el interior de Andalucía para poder construir sin control. Por su parte, Vox justifica su abstención en que “es incompatible plantear la exigencia de elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como es ésta”, ha afirmado el portavoz, Alejandro Hernández, así como que el documento genera “inseguridad jurídica”.

Otro de los asuntos sometidos a debate en el inicio de la sesión que ha revelado la postura de Vox ha sido la votación sobre la línea de subvenciones destinada a la financiación de las 36 entidades locales autónomas (ELA) de Andalucía, con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Las ayudas han salido adelante con los votos a favor de todos los partidos menos Vox. Además, se ha aprobado que el decreto se tramite como proyecto de ley por urgencia. Para todas las fuerzas, este apoyo económico al desarrollo de poblaciones muy pequeñas era necesario para paliar sus problemas de financiación. Pero para Vox este decreto es innecesario porque las ayudas ya están contempladas en el presupuesto y se pueden ejecutar.

Desde Ciudadanos se ha criticado el posicionamiento de Vox y ha sido Juan Marín quien ha calificado de "inaceptable no aprobar este decreto por cuestiones ideológicas".  El portavoz ha anunciado que el actual Gobierno de PP-A y Cs "va a traer cualquier decreto, iniciativa legislativa, a este Parlamento aunque finalmente no salga adelante, porque cuando se hace lo correcto no se puede dar marcha atrás".

El vicepresidente, Juan Marín, durante el Pleno.

Pero, a pesar de las diferencias, el eje de la política económica del Ejecutivo, su rebaja fiscal, ha recibido el apoyo necesario. Las idénticas proposiciones de Ley de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una presentada por PP y Cs y otra por PP y Vox, han prosperado con 59 votos a favor de los tres grupos, mientras que ha recibido 49 en contra de PSOE, AA y no adscritos.

El documento económico supone la rebaja de casi 300 millones de euros, que dejarán de ingresar las arcas públicas, reduciendo la presión fiscal a cuatro millones de andaluces.  Para el Gobierno andaluz afecta a las clases medias y trabajadores y presenta deducciones en el IRPF para colectivos como jubilados, jóvenes, discapacitados y víctimas de violencia, entre otros. También se baja el impuesto de sucesiones, donaciones y Actos Jurídicos Documentados, colocando a la comunidad entre las cuatro de España con los tributos más bajos.