La ministra Ribera reconoce que el problema de Doñana es competencia estatal

Uno de los problemas que el presidente Juanma Moreno se encontró guardado en el cajón cuando asumió la presidencia de la Junta de Andalucía en 2019 fue la situación de los agricultores del Condado de Huelva y el desamparo legal por la utilización de las aguas de Doñana para el riego de sus cultivos.

El presidente andaluz ha 'agarrado el toro por los cuernos' y afronta un asunto polémico, pero que lleva más de 30 años enquistado por la falta de atención a las reclamaciones de los regantes por parte de los gobiernos socialistas en la Junta y la inacción de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo estatal que tiene las competencias al respecto.

Para abordar este problema y que tenga su debate en el Parlamento andaluz, PP, Cs y Vox han presentado una proposición de Ley a través de la cual se pretende mejorar la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Los propios ayuntamientos de estas localidades, en su mayoría del PSOE, se han posicionado del lado de los agricultores.

La propuesta de los grupos pretende reconocer los derechos de regantes que llevan décadas pidiendo esta medida, que supondrían incorporar más de 1.400 hectáreas donde se cultivan frutos rojos y que se encuentran situadas a 30 kilómetros del Parque Nacional de Doñana.

Esta tarde se debate en el primer pleno del año en el Parlamento andaluz la propuesta, que supera así su primer paso para abrir un periodo de debate de más de un año, según manifestó Moreno. El líder de la Junta ha pedido la participación de todas las partes afectadas y se tendrán que resolver las enmiendas que se presenten al texto, por lo que situará la resolución de la ley fuera de la actual legislatura.

Un problema "heredado"

Moreno afronta con valentía un problema "heredado" y no está dispuesto a quedarse cruzado de brazos y dejar que se acentúe aún más. Por ello, la opción es encontrar una vía de solución a medio plazo, en el que se conjugue la actividad agrícola con la defensa ambiental de Doñana, que ha sido uno de los focos de inversión y protección del Ejecutivo andaluz.

La propuesta no pretende ampliar la zona de regadío, pero si el reconocimiento de esos derechos, que tendrán su salida una vez que se realicen las obras de trasvase de recursos hídricos pendientes de ejecutar.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en una de sus últimas visitas a Doñana.

Sin embargo, al presidente de la Junta le llegan las 'amenazas' de muchos lados. Uno de ellas ha sido la de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que a través de su presidente le ha pedido que retire la iniciativa, pero no ponen sobre la mesa ninguna propuesta y se mantienen ajenos a las peticiones de los agricultores.

También la Comisión Europea ha expresado su "desconcierto" sobre la iniciativa parlamentaria, ante lo que Moreno asegura que no existe ninguna vulneración a la normativa europea que protege espacios naturales como Doñana y por tanto hablar de una posible sanción es pura "ficción".

El ministerio reconoce unas competencias que no ejerce

En la mañana de hoy miércoles, ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que ha pedido por carta a Moreno que se retire este asunto y no lo lleve al Parlamento. En el texto asegura que "interfiere de forma palmaria" en una competencia exclusiva del Estado reflejada en la Constitución y que hace referencia a la ampliación de una superficie regable que afecta a la cuenca del Guadalquivir.

Según Ribera, las actuaciones de la comunidades autónomas en materia de agua que se extiendan más allá de sus territorios han de hacerse en el seno de las Confederaciones Hidrográficas. Es decir, reconoce que el problema lo debe resolver el Gobierno de España, por lo que le será difícil ahora volver a taparlo otras tres décadas.