Chaves y Griñán se la juegan en el Supremo con la revisión de sus condenas

La cuenta atrás para los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha terminado y esta semana la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) revisa los recursos que ambos pusieron a sus condenas por el caso de los ERE, acusados por un delito continuado de prevaricación.

Una decisión que supondrá resolver de forma definitiva la sentencia que de la Audiencia Provincial de Sevilla emitió en noviembre de 2019 y que los dos expresidentes andaluces recurrieron junto con otras 19 personas implicadas en los hechos. Ahora arranca la revisión en dos sesiones que se extenderán el miércoles y el jueves por la complejidad del caso.

Sin embargo, esta polémica sentencia y su resultado final, no lo conocerán los andaluces hasta que no pasen los comicios autonómicos, que están fechadas para el 19 de junio, para no interferir en los procesos electorales, según comunicaron. Se trata de una norma no escrita, pero que suele ser la forma de actuar en estos casos.

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La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales indicaba que los expresidentes Griñán y Chaves, eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.

Condenaba así a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chaves su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Además, en la lista de recursos pendientes de análisis, la Sala de lo Penal estudiará también el de Gaspar Zarrías, quien fuera vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia en gobiernos del PSOE-A.

En el caso de Griñán, apuntaba el fallo, que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".

En cuanto a Chaves, señalaba la Audiencia de Sevilla que "como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009". También le atribuía que, como presidente del Consejo de Gobierno, "participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento", circunstancia que le llevaba a concluir que lo hizo "conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales".