El relato de Compromís: los jueces pasan de fascistas a justicieros en Castellón

Compromís ya cree en la Justicia. Hace tan solo una semana varios dirigentes de la formación nacionalista, entre ellos Mónica Oltra, calificaron la retirada cautelar de los 32 libros de temática LGTBI de “acto de censura” contra la democracia y los derechos fundamentales. De hecho, la vicepresidenta de la Generalitat anunció que desobedecería la resolución judicial en su obligación moral de “acabar con el fascismo y defender la ley”. "No es un ataque a los libros ni al colectivo LGTBI, es un ensayo general de si ese camino se puede recorrer", un camino que Oltra comparó con el ascenso de los fascismos a lo largo de la historia.

Pero ahora todo ha cambiado, y los magistrados que ayer eran fascistas hoy aplican un acto de "justicia social a favor de la comunidad representada bajo la siglas LGTBI y sus derechos". Todo ello a raíz de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón levantase la retirada cautelar de los libros tras considerar legal la actuación del Ayuntamiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la resolución, que puede ser recurrida en apelación, los magistrados alegan que "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal", así como tampoco de que el contenido de los materiales -libros donados- atente contra los derechos humanos, en los términos que indica la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat. 

En concreto, se refiere a la actuación llevada a cabo de forma unilateral por la concejala de Cultura, Verónica Ruíz, quien la pasada semana participó en un evento para defender la “tolerancia y diversidad” frente a la retirada cautelar de los jueces y ahora celebra en un comunicado que la nueva resolución supone una victoria de “la democracia y se cumple con las leyes que defienden la igualdad y la diversidad". 

Tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada "tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana".

"No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares", concreta el auto.

ABOGADOS CRISTIANOS RECURRIRÁ

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado en un comunicado que recurrirá la decisión del juzgado. Su presidenta, Apolonia Castellanos, ha señalado que el juez, en este auto, "desoye el informe del Ministerio Fiscal".

Además, ha añadido que "se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor, intruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas".